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Dos senadores del partido Comunes decidieron cuestionar de manera insensata a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Victoria Sandino e Israel Zúñiga, excombatientes de las Farc y ahora parlamentarios por su movimiento político, pretendieron prender las alarmas. Convocaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a los países garantes del Acuerdo de Paz (Cuba y Noruega) y a varios políticos internacionales para que intervengan. Según ellos, se está incumpliendo lo pactado cuando el tribunal de justicia transicional los acusa de ser una organización criminal y los imputa de manera consecuente. No podemos compartir ese reclamo. ¿Desde cuándo una de las partes tiene derecho a decirle a la justicia, autónoma, cómo debe procesarlos?
En el comunicado, los senadores dicen que las Farc “fueron una organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un Acuerdo Especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal”. Esto, según ellos, justificado en que “la guerra nunca fue nuestra primera opción. Nos vimos obligados a ser parte de ella por la ausencia de reformas sociales y garantías democráticas”. Por eso, dicen, “no pretendemos desconocer hechos que en el marco del conflicto generaron repudio por parte de la población, pero sí que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia armada de las Farc, del conflicto colombiano y el espíritu del Acuerdo de Paz”.
En últimas, la preocupación de los parlamentarios es que “las calificaciones y categorías jurídicas empleadas frente a los hechos del conflicto atribuidos deben corresponder con esta realidad”. Es decir, están preocupados por las imputaciones que ha venido haciendo y seguirá haciendo la JEP.
Es un reclamo extraño. Más aún viendo los hallazgos que ha hecho la justicia transicional y en vísperas de los resultados que arrojará la Comisión de la Verdad este año. En la acusación contra los antiguos miembros del Secretariado que hizo la JEP, a propósito del secuestro, se da una larga lista de crímenes de guerra y situaciones deplorables. Allí hay un retrato de la deshumanización a la que sometieron a los secuestrados, el dolor que causaron en sus familias, las torturas y la tragedia que generaron en las decenas de miles de víctimas. En el actuar de ellos hay una clara extralimitación. No se trata de un comportamiento rebelde, sino del actuar de una organización criminal.
Lo propio veremos a medida que la JEP siga con sus imputaciones. Gracias a que por fin un ente judicial en Colombia se sentó a escuchar a las víctimas y a que pudo contrastarlo con lo dicho por los excombatientes, el país puede conocer el horror. Ante eso, la JEP debe estar en libertad de realizar las imputaciones que considere pertinentes. Presionarla y cuestionarla, más aún desde un partido que juró cumplir lo pactado, es un acto deshonesto.
El Acuerdo de Paz les otorga penas bastante laxas a quienes acepten responsabilidad. Esa es la concesión que hizo el Estado y el pueblo colombiano, y que las extintas Farc aceptaron al firmar. Eso es inmodificable e innegociable. Pero de allí las exigencias sobre cómo juzgarlos no tienen razón de ser.
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