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La Policía no ha actuado como se espera de una institución tan importante para Colombia. El disparo contra el joven Dylan Cruz en Bogotá, que lo mantiene en una situación delicada de salud al cierre de esta edición, se suma a la avalancha de denuncias por abusos de la autoridad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Si en cada intervención pública del Gobierno y las autoridades repiten que los manifestantes en su enorme mayoría son pacíficos, ¿por qué estamos viendo tácticas represivas que los enfrentan como si se tratase de enemigos en una guerra?
Cruz, de 18 años, hacía parte de las más de mil personas que el sábado se reunieron en el Parque Nacional para seguir con el cacelorazo pacífico y más bien festivo como manifestación contra las políticas del Gobierno. Pese a que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta y lo hacían de manera pacífica, un Esmad cada vez más hostil contra los ciudadanos decidió dispersarlos con gases lacrimógenos. En la Plaza de Bolívar también había uniformados impidiendo la entrada de los manifestantes, lo que hizo que el grupo que intentó llegar hasta allí, con las manos en alto y cantando el himno nacional cuando se los encontró, se dispersara por el uso de los gases. Fue después de esto cuando, según testigos, un agente del Esmad le disparó al joven a menos de diez metros de distancia. Al parecer, la granada de gas lacrimógeno le quedó incrustada.
El parte médico dice que Cruz presenta un trauma craneoencefálico penetrante, es decir, un elemento contundente se introdujo en su cabeza. Posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio por el que tuvo que ser reanimado y finalmente fue llevado a cuidados intensivos con respiración mecánica y en coma inducido.
La Policía anunció una investigación y que colaborará con la Procuraduría y la Fiscalía. El presidente Iván Duque también repudió los hechos. Pero el debate no empieza ni puede terminar en lo ocurrido con Cruz. En momentos de crisis, las autoridades deben responder con altura, prudencia y proporcionalidad. El actuar positivo de los policías en todo el país se ve opacado por los hechos de abuso de la autoridad, y no hemos visto una actitud reflexiva desde la institucionalidad.
Son muchas las preguntas que surgen. ¿Por qué no permitir la protesta pacífica? ¿Por qué seguir recurriendo, por parte del Estado, a la violencia y a la intimidación? Después de una noche del viernes en la que abundaron las denuncias falsas que crearon pánico en la capital, ¿no eran los policías los llamados a proteger a los manifestantes y tranquilizarlos con su actuar? ¿Por qué ocurrió todo lo contrario? Ver que cuando el Esmad no estuvo en su acción agresiva no hubo desmanes ni violencia dice mucho de lo equivocada que ha sido la estrategia estatal.
El Ministerio Público ha insistido en que los uniformados del Esmad no están permitiendo las concentraciones. La Defensoría del Pueblo, a su vez, ha solicitado públicamente “a la fuerza pública valorar sus acciones de cara al respeto de los derechos humanos”. No es un invento ni una percepción errada. Estamos hablando de mínimos de comportamiento que no se están cumpliendo. ¿Cómo enmendamos el curso?
Las manifestaciones van a continuar. El reto para las autoridades es demostrar que pueden mantener el orden y proteger a los ciudadanos sin incurrir en los abusos que hemos presenciado. El Estado no debe dar temor sino generar confianza.
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