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El recrudecimiento de la violencia en Cauca avanza con crueldad. El asesinato de cuatro soldados del Ejército en medio de una emboscada por unos 150 miembros del Estado Mayor Central (EMC) fue acompañado de una orden que viola hasta las reglas de la guerra: decapitar a los uniformados. En eso quedaron los intentos de paz con la disidencia de “Iván Mordisco”. Los audios conocidos, donde se muestra la angustia de los soldados, traen los ecos de los peores años de la violencia en los 90 y principios de este siglo, y hace preguntarnos por qué el Ejército se ve incapaz de retomar el control de la región. El terror triunfa mientras el gobierno de Gustavo Petro se ve confundido sobre cómo reaccionar.
“La ofensiva contra el EMC en Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá”, dijo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Esto se une a la creciente frustración que ha expresado el mandatario en su discurso contra “Iván Mordisco” y su grupo de criminales, pero llega demasiado tarde y muestra un Gobierno que no ha podido reaccionar al crecimiento del EMC ni a la radicalización de sus formas de violencia. El resultado es nefasto, con un Ejército bajo asedio y poblaciones sin control efectivo por parte del Estado.
Llevamos un buen tiempo pidiendo que no se descuide la seguridad, pero el énfasis en las negociaciones está dejando en evidencia puntos ciegos de la Casa de Nariño. Este ataque a los soldados es notable por la crueldad empleada. No solo fueron superados de forma abrumadora en números, sino que se conoció un audio donde se pide no tomar prisioneros sino cobrar vidas. Que el Ejército se haya demorado tanto en poder enviar refuerzos o entrar a rescatar a los heridos no hace ver bien a la institución ni al Estado colombiano. El propio Ministerio de Defensa pareció reconocerlo, en un sentido comunicado: “Los integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, por orden de alias ‘Dumar’ y de manera cobarde, profanan los cuerpos de los soldados, los ultrajan e irrespetan. Este despiadado terrorista, cabecilla de la compañía Alberto Poño de la estructura Carlos Patiño, amedranta a las comunidades, ordena atentados y decapitaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas, que evidencia una grave violación a los derechos humanos y el no acatamiento del Derecho Internacional Humanitario”. Estamos de acuerdo en la vehemencia del rechazo, pero se siente que en esta batalla nos llevan la delantera.
Son necesarias las preguntas: ¿por qué ha sido incapaz el Estado colombiano en enfrentar la criminalidad? ¿Cómo se ha fortalecido en estos años el EMC? ¿Qué responsabilidad tiene en esta situación la estrategia de paz total y los tropiezos del Gobierno en su intento por consolidarla? ¿Cuánto tardarán en dar resultados los cambios profundos que emprendió el Ministerio de Defensa en las Fuerzas Armadas con la llegada de Iván Velásquez al cargo? ¿Cuántas tragedias más nos quedan por contar en este conflicto? Entre líderes sociales asesinados, comunidades amedrentadas y fuerzas armadas desmoralizadas, el panorama es de crisis. Nos solidarizamos con las familias de los soldados vilmente asesinados. Estaban en cumplimiento de su deber, apostándole a la construcción de la Nación colombiana. Les fallamos por no poder protegerlos; les fallamos por dejar que los conflictos se sigan reinscribiendo en sus dinámicas irracionales e injustas. El EMC debe responder por sus crímenes. El diálogo con las facciones violentas es imposible en este momento. El Estado necesita demostrar que tiene el monopolio de la fuerza.
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