¿El Estado seguirá sin dar respuestas a Uber y similares?

Las autoridades no han sido de mayor ayuda en la regulación de las plataformas tecnológicas, lo que ha causado un innecesario caos. / Foto: Bloomberg

Dos decisiones administrativas le recordaron al país, especialmente al Congreso de la República y al gobierno del presidente Iván Duque, que Colombia no cuenta con una regulación moderna y útil para las plataformas tecnológicas que faciliten el transporte público. Más allá de los detalles de cada caso, lo importante es que, de una vez por todas, se solucione un problema que lleva ya varios años sin ser atendido por los líderes políticos. Es evidente que los trapos de agua tibia del pasado no han funcionado.

El tema es relativamente sencillo. Uber y las plataformas similares cambiaron la manera en que los colombianos utilizan el transporte público en las principales ciudades del país. Es claro que, para los usuarios, regresar a un servicio torpe, lleno de quejas y sin facilidades tecnológicas nunca ha sido una opción. Por eso la pregunta no era cómo sacar del país a estas empresas, sino cómo actualizar la regulación para permitir su funcionamiento en igualdad de condiciones.

Eso último es importante, pues en efecto las plataformas tecnológicas han tenido múltiples beneficios que pusieron a los taxistas de Colombia en desventaja. Uber y similares no garantizan los derechos laborales mínimos de sus conductores, así como tampoco deben pagar los onerosos requisitos legales que exige la normatividad del transporte público. En cambio los conductores de taxi están sepultados entre pagos de cupo, seguros y otros rubros. Es claro el desequilibrio.

La tensión entre taxistas y conductores de vehículos particulares al servicio de plataformas tecnológicas ha crecido en ese contexto. Las autoridades no han sido de mayor ayuda. La persecución a los conductores de Uber y similares fue acompañada, en el gobierno anterior, por normativas expedidas que supuestamente iban a resolver el asunto, pero que en la práctica perpetuaron el statu quo. Al final del día, las plataformas seguían funcionando en la ilegalidad, los taxistas seguían sintiéndose injustamente en desventaja y el Estado demostraba su ineficiencia.

Nada ha cambiado. La semana pasada, en una decisión que parece desprenderse directamente de esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) encontró que Uber ha competido deslealmente con los taxis “al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte”. Es cierto, pero no deja de ser frustrante que esa empresa lleve varios años pidiendo una regulación para actuar bajo la ley y la respuesta ha sido la inacción estatal.

Por su parte, esta semana la Superintendencia de Transporte sometió a control la sociedad CAP Technologies, que controla la aplicación Picap, y ordenó su liquidación. Esto porque está en riesgo “la seguridad de los usuarios del sector transporte y a la legalidad y debida prestación del servicio público de transporte”. En otras palabras, que la aplicación de transporte en motos ha venido actuando en la ilegalidad.

Estas situaciones no deberían estar ocurriendo. Colombia no puede pretender atraer inversión extranjera y fomentar los emprendimientos nacionales, si su regulación es incapaz de entender cómo la tecnología cambia los paradigmas de los sectores económicos en los que interviene. En la próxima legislatura, este tema debería ser una prioridad impulsada desde el Gobierno Nacional.

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