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La compleja situación social que vive Guatemala estalló el fin de semana pasado, cuando manifestantes entraron con violencia al Congreso y prendieron fuego a algunas de sus oficinas. El malestar se debe, en primera instancia, a la aprobación del presupuesto más elevado en su historia, pero que congela partidas esenciales en materia social, para un país con unos indicadores deplorables en este campo. A lo anterior se le suma el mal manejo de la pandemia que ha hecho el presidente, Alejandro Giammattei, así como los altos índices de corrupción. El hastío continúa.
Para calmar la protesta, el presidente del parlamento suspendió el lunes la consideración del trámite del presupuesto. Este ambiente de crisis se ha incrementado por la solicitud que hizo el vicepresidente, Guillermo Castillo, para que Giammattei y él den un paso al costado y renuncien “por el bien del país”. “Juntos prometimos llevar las riendas conforme la población lo requería; sin embargo, no ha sido como se esperaba”. El viernes anterior, la bancada oficialista aprobó a las carreras un presupuesto por US$12.800 millones, con un incremento del 25 % respecto al del presente año. Buena parte del aumento proviene de deuda externa. La mayor porción se destina a obras de infraestructura, comunicaciones y vivienda, donde la corrupción y la impunidad han sido endémicas.
Mientras tanto, en medio de la pandemia del COVID-19, han desaparecido recursos asignados para combatirla y, dentro del nuevo presupuesto, se congelaron las partidas para dotación de hospitales. Lo mismo sucedió con los rubros de educación y combate a la pobreza, en un país donde cerca de 17 millones de personas viven en la pobreza —es decir, casi el 60 % de la población— y la desnutrición infantil crónica afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años. Además, se redujo considerablemente el presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, que han sido baluartes de la lucha contra la corrupción. El hartazgo de la población se ha expresado en las calles. En lo que va corrido del año Guatemala ha sufrido no solo el efecto de la pandemia, sino que en el último mes recibió el impacto de dos huracanes que devastaron diversas regiones del país, lo que causó cerca de 60 muertes, decenas de desaparecidos y la destrucción de las cosechas para el sustento de miles de familias. A pesar de llevar apenas once meses en el poder, Giammattei registra cifras de aprobación del 30 %.
La corrupción sigue siendo un tema recurrente en los últimos años en Guatemala, sin que se tomen medidas al respecto. Para ayudar en la lucha contra este flagelo, Naciones Unidas creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que durante 12 años obtuvo resultados muy favorables. El entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, están a la espera de juicio gracias a la labor de la CICIG. Sin embargo, el gobierno anterior, de Jimmy Morales, decidió terminar la colaboración en 2019, a pesar de que había prometido ampliar su actividad hasta 2021. La Comisión, en cabeza del exmagistrado Iván Velásquez, se había convertido en un invitado incómodo, al actuar coordinadamente con entes estatales que habían puesto en jaque a los corruptos. Morales la consideró una amenaza para la paz y declaró a Velásquez persona non grata. Las consecuencias de su expulsión, así como la de los integrantes de la Comisión, se ven ahora reflejadas en la insatisfacción de la gente en la calle.
Por ahora, los diputados deben aprobar un nuevo presupuesto antes del fin de mes, o se mantendrá vigente el de este año. En caso de seguir las cosas como están, la continuidad de Giammattei y su gobierno está en vilo. Salvo un giro de timón que le permita recuperar gobernabilidad, empeñándose a fondo en la lucha contra la corrupción, comenzando por el Congreso, su permanencia en el cargo queda en entredicho.
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