El fuerte de Tolemaida

Bien hace el director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, en retirar a antiguos miembros de las Fuerzas de sus propias guarniciones. Es evidente la irracionalidad de la custodia por sus propios ex subalternos. Zeus pudo hacer lo que quiso en Tolemaida porque, a pesar de haber sido el responsable de homicidios, torturas y desapariciones forzadas —además de haber puesto en peligro la dignidad militar al trabajar, infiltrado, para Don Berna—, contaba con el aprecio de varios de sus antiguos compañeros. De aquí que, como lo tituló este diario, no tuviera problemas de vivir como un pachá y entrar desde licor hasta prostitutas a lo que debía ser su prisión. Esto, sumando a la posibilidad, todavía no confirmada, de sus salidas a voluntad de la guarnición.

El desorden, todo indica, no era aislado. La fuga del pasado martes de César Maldonado, también ex oficial retenido en Tolemaida, antes de ser trasladado a La Picota después del escándalo de Zeus, es una muestra de que el cambio de reglas le gustó poco. Las autoridades lo recapturaron ayer no muy lejos del perímetro del fuerte. Acción que, sobra decir, no es digna de aplauso sino que es lo mínimo que podían hacer los responsables después de tan bochornoso escándalo. Desatinada, en ese sentido,  la petición del comandante de las FF.MM., almirante Édgar Cely, de no “estigmatizar la base de Tolemaida”. Es cierto que este fuerte está compuesto también por serios servidores y que ha sido el centro de importantes operaciones, pero los logros no compensan las faltas y lo sucedido en esta guarnición militar es una real deshonra, con todo y el poco sentido que tiene la “autocustodia”.

Ahora bien, la decisión del director del Inpec de trasladar a los antiguos miembros de las FF.AA. a prisiones comunes no es tampoco una solución responsable. De la misma forma como forma parte de la labor del Estado interrumpir irresponsabilidades como las de Tolemaida, también es su labor garantizar la vida de los reos, por muy despreciables que hayan sido sus delitos. Mezclar antiguos servidores del Estado con quienes pueden ser prisioneros por su culpa resulta arriesgado. Si bien es absurdo que peligrosos delincuentes estén bajo custodia de sus antiguos compañeros o subalternos, también es cierto que los miembros de la Fuerza Pública deben ser protegidos en su integridad. Lo cual solamente resalta la urgencia que el país tiene de ordenar a sus reos.

Por eso, el calor del escándalo por los insólitos hechos de Tolemaida no debe hacer perder de vista el problema central: la crisis del Inpec. El escándalo de las botellas de whisky en la sección de parapolíticos en La Picota, el abuso de las licencias médicas, la falla de los brazaletes de seguridad, el descontrol de la casa por cárcel, el caos en los registros y las no tan excepcionales fugas que se llevaron los titulares el año pasado, se los seguirán llevando a menos que se haga algo con el instituto penitenciario y carcelario del país, en especial, después de tantos años de descuido. Hace mucho se viene denunciando, por un lado, su torpe burocracia y su corrupción y, por el otro, su falta de recursos y atención; no es fácil ser el receptor de narcos, paramilitares, guerrilleros, políticos corruptos y demás delincuentes en un país en conflicto como Colombia, pero precisamente por esto es necesario, no el desdén del Estado y la opinión pública, sino su completo compromiso.