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En los dos años que lleva el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, ha gastado el triple de dinero en publicidad oficial de lo que gastó la administración completa de Iván Duque. Justificado en el discurso de la persecución y la necesidad de tener voceros que les hagan eco a sus mensajes, tiene un aparato multimillonario que premió a influenciadores que en redes sociales se presentan como analistas políticos independientes, mientras que también ha destinado cuantiosos recursos económicos para tener un sistema de medios públicos que dicen hacer periodismo, pero en realidad son megáfonos de los puntos de vista de la administración. Si bien es una práctica que usan todos los gobiernos, tanto a escala nacional como local, es curioso que eso ocurra en tiempos de austeridad y cuando el mismo presidente ha insistido en la importancia de relatos verificados y contrastados, no impuestos desde alguna fuente de poder.
El Espectador se sentó a revisar todos los contratos de comunicaciones de la Casa de Nariño y de los ministerios. Solo en el 2024, el Gobierno nacional suscribió contratos de publicidad por encima de los $63.508 millones. Si se observa la información desde el 7 de agosto de 2022, son más de $131.535 millones. Si se contrasta con lo ocurrido durante la administración de Iván Duque, que no fue particularmente conocido por su austeridad, el salto es abismal: en esos cuatro años se gastaron $40.000 millones en pauta oficial. Es decir, el presidente Petro llegó a gastar para tratar de imponer su mensaje.
Los grandes privilegiados durante el año pasado fueron RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé, así como varios influenciadores, con cientos de miles de seguidores en redes sociales, que reciben ingresos de hasta más de $10 millones al mes. RTVC, por ejemplo, tiene un contrato por $20.700 millones con la Agencia Nacional de Tierras, uno con el Ministerio de Cultura por $5.405 millones, el de Educación por $2.500 millones y el Departamento de Prosperidad Social por $2.900 millones. En total, la entidad dirigida por Hollman Morris, aliado incondicional del presidente, tuvo contratos por $38.432 millones. La investigación de El Espectador, que se puede consultar en nuestra página web, muestra con detalle cómo se repartió el resto del dinero público.
Sabemos las objeciones a este editorial. Dirán que El Espectador ha recibido pauta pública de este y otros gobiernos, lo que es cierto y siempre ha sido transparente. Argumentarán también que el proyecto político del presidente Petro ha sido tan criticado en los “medios tradicionales” que necesita sus propios megáfonos para equilibrar el discurso público. Eso es más debatible, pero no es objeto de este texto. Lo que es llamativo es que este gobierno gaste tanto dinero, muchísimo más en comparación con su antecesor, en un rubro que no es esencial para el funcionamiento del Estado colombiano. Tanto es así que, en las discusiones del recorte presupuestal por la caída de la ley de financiamiento, el Ministerio de Hacienda rogó por disminuir lo que se gasta en publicidad oficial. En términos de prioridades, se envía un mal mensaje cuando el interés de dicha publicidad no es informativo sino para promover un proyecto político particular.
La publicidad oficial termina así siendo un baño de vanidad para los gobernantes de turno. En ausencia de una política clara de fomento a los medios comunitarios y públicos se ven como un simple espacio para generar eco en discursos con poco contraste. ¿Es esa la mejor utilización de los impuestos de los colombianos?
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