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Enfrentado al número creciente de masacres, al poder de las bandas criminales y a los reclamos de las poblaciones en zonas de vulnerabilidad, el gobierno de Iván Duque está invocando una vieja e ineficiente solución. Proponer el retorno de las aspersiones con glifosato y sustentarlo con una posible reducción de los horrores que venimos viendo es una táctica ingenua y que desaprovecha oportunidades que hay sobre la mesa.
Durante muchos años, los gobiernos colombianos creyeron que fumigando el campo y reduciendo el número de hectáreas de hoja de coca era suficiente para enfrentar la guerra contra las drogas. Pero los resultados están a la vista: un negocio más eficiente de cocaína, hectáreas que se mueven entre Colombia, Ecuador y Bolivia, familias cocaleras abandonadas y los narcotraficantes, en las suyas. No va a ocurrir, por la línea ideológica que defiende la Casa de Nariño, pero sería el momento preciso para cambiar de estrategia y no seguir recurriendo a las medidas fallidas de siempre.
En rueda de prensa esta semana, a propósito de las 46 masacres que ya se han contando este año en Colombia, con más de 180 víctimas mortales, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue enfático: “Hay que decir con claridad, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional”, dijo el funcionario, “que la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos (…) Reiniciarla es absolutamente indispensable porque tendrá además un efecto positivo sobre este asunto de los homicidios colectivos”. En pocas palabras, ante el narcotráfico, es momento de fumigar.
Hay varios problemas con esa tesis. Para empezar, todavía Colombia está lejos de poder retomar las aspersiones de manera legal. En un fallo de esta semana, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó una decisión que prohibía reanudar aspersiones sin llevar a cabo consulta previa, y vinculó además al Ministerio del Interior para que ejecute los procesos de consulta previa que sean necesarios con las comunidades étnicas de los 104 municipios en donde se pretende iniciar la aspersión con el herbicida. Aunque desde el Gobierno intentan proponer una interpretación que les evita ese trámite (dicen que las fumigaciones no se harán en territorios protegidos, versión que disputan las organizaciones étnicas), en todo caso será demorado.
El otro problema es práctico. Estamos viendo que el negocio de la coca necesita cada vez menos hectáreas pues han logrado hacer más eficientes sus producciones. Fumigar lo que ha logrado, en el pasado, es movilizar las zonas de cultivo y sí, reducir los números, pero no de forma suficiente como para creer que estamos triunfando contra el narcotráfico. En síntesis, en términos de puros resultados, fumigar es poner un paño de agua tibia.
Eso sin hablar del daño social que produce. Está en discusión, con pruebas preocupantes, el impacto sobre la salud de las comunidades cocaleras que viven en zonas de aspersión. Y lo que resulta irrefutable es que, al fumigar, el Gobierno echa para atrás los avances de construcción de tejido social. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos, las comunidades cocaleras están pidiendo inversión y oportunidades para hacer sustitución de cultivos y pasarse a la legalidad. La respuesta ha sido insuficiente y carente de ambición. Para proteger a las comunidades, ¿no es hora de empoderar a las personas que viven en las zonas de conflicto? Es más difícil que fumigar, sí, pero da resultados más sólidos.
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