El gobernador

Si se han quedado ellos tres en Colombia es para demostrar, justamente, que la violencia no puede callar las voces independientes: es por eso que nuestra solidaridad —y la de todos los medios, de hecho— debe estar con ellos en este difícil momento. No puede ser que este país permita que los violentos, de forma cobarde, vayan amenazando y acallando por doquier a quienes les estorban. Ni más faltaba. Es por eso que no podemos darnos el lujo de callar cuando tanta cosa anda pasando.

Lo triste de toda esta historia es que, según las investigaciones que se han hecho, hay indicios muy fuertes de que el gobernador de La Guajira, el polémico Juan Francisco Gómez Cerchar, podría estar detrás de todo esto. Él fue puesto en entredicho en un informe que la Corporación Nuevo Arco Iris (escrito por Ávila y Valencia) hizo para las elecciones pasadas de alcaldes y gobernadores: se le relaciona con el criminal Marcos Figueroa, alias Marquitos, a quien el informe describe como “brazo armado de narcotraficantes locales con gran control social en La Guajira y norte del Cesar, a través de amenazas individuales, asesinatos selectivos y acciones de ‘limpieza social’ ”.

Pero hay más. Kiko Gómez (que es como le dicen al gobernador) quedó expuesto en un juicioso informe de la revista Semana hace unos días: se revela que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia montó un equipo especial de siete peritos para investigar su caso, que estaría marcado por la relación con bandas ilegales dedicadas al narcotráfico, y, además, con unos homicidios. Dos se destacan en este reportaje: los de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, y de la Chachi Hernández Sierra. En ambos se señala como autor intelectual al gobernador de La Guajira. Los familiares de ambas mujeres lo han denunciado de una manera desgarrada, diciendo con nombre propio el culpable.

Y peor: le tienen miedo. No es muy común (ni deseable, ni digno) que la ciudadanía, la prensa, criminales en la cárcel, todos, salgan en masa a decir verdades pero a ocultar nombres, como si hablaran de una mente criminal avanzada y no de un político que debe rendir cuentas, que debe respetar la democracia que lo subió ahí (¿o no fue así?). “Tal vez nunca antes habíamos lidiado con algo tan tenebroso como esto” dijeron sin chistar dos fiscales que conocen los detalles de esta investigación. Increíble. Deplorable.

¿Qué hay detrás de este hombre tan fuertemente cuestionado desde todos los frentes? ¿No tendrá algo que decirle al país más allá de negarlo todo? ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Qué ha hecho que no sepamos para que todo haya permanecido en un misterio absoluto hasta hoy? No sabemos si Gómez Cerchar es culpable o no. No es nuestra función elevar juicios; pero muchos cuestionamientos sí tenemos, porque no logramos entender lo que está pasando.

Llegó la hora de agilizar las investigaciones en su caso. No puede ser que, por la razón que sea, un departamento esté temblando por las acciones de quien los gobierna. Es un imposible democrático. Es una vergüenza, un exabrupto difícil de entender. Acá la justicia es la que tiene la palabra. Ojalá actúe pronto.

Si se han quedado ellos tres en Colombia es para demostrar, justamente, que la violencia no puede callar las voces independientes: es por eso que nuestra solidaridad —y la de todos los medios, de hecho— debe estar con ellos en este difícil momento. No puede ser que este país permita que los violentos, de forma cobarde, vayan amenazando y acallando por doquier a quienes les estorban. Ni más faltaba. Es por eso que no podemos darnos el lujo de callar cuando tanta cosa anda pasando.

Lo triste de toda esta historia es que, según las investigaciones que se han hecho, hay indicios muy fuertes de que el gobernador de La Guajira, el polémico Juan Francisco Gómez Cerchar, podría estar detrás de todo esto. Él fue puesto en entredicho en un informe que la Corporación Nuevo Arco Iris (escrito por Ávila y Valencia) hizo para las elecciones pasadas de alcaldes y gobernadores: se le relaciona con el criminal Marcos Figueroa, alias Marquitos, a quien el informe describe como “brazo armado de narcotraficantes locales con gran control social en La Guajira y norte del Cesar, a través de amenazas individuales, asesinatos selectivos y acciones de ‘limpieza social’ ”.

Pero hay más. Kiko Gómez (que es como le dicen al gobernador) quedó expuesto en un juicioso informe de la revista Semana hace unos días: se revela que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia montó un equipo especial de siete peritos para investigar su caso, que estaría marcado por la relación con bandas ilegales dedicadas al narcotráfico, y, además, con unos homicidios. Dos se destacan en este reportaje: los de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, y de la Chachi Hernández Sierra. En ambos se señala como autor intelectual al gobernador de La Guajira. Los familiares de ambas mujeres lo han denunciado de una manera desgarrada, diciendo con nombre propio el culpable.

Y peor: le tienen miedo. No es muy común (ni deseable, ni digno) que la ciudadanía, la prensa, criminales en la cárcel, todos, salgan en masa a decir verdades pero a ocultar nombres, como si hablaran de una mente criminal avanzada y no de un político que debe rendir cuentas, que debe respetar la democracia que lo subió ahí (¿o no fue así?). “Tal vez nunca antes habíamos lidiado con algo tan tenebroso como esto” dijeron sin chistar dos fiscales que conocen los detalles de esta investigación. Increíble. Deplorable.

¿Qué hay detrás de este hombre tan fuertemente cuestionado desde todos los frentes? ¿No tendrá algo que decirle al país más allá de negarlo todo? ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Qué ha hecho que no sepamos para que todo haya permanecido en un misterio absoluto hasta hoy? No sabemos si Gómez Cerchar es culpable o no. No es nuestra función elevar juicios; pero muchos cuestionamientos sí tenemos, porque no logramos entender lo que está pasando.

Llegó la hora de agilizar las investigaciones en su caso. No puede ser que, por la razón que sea, un departamento esté temblando por las acciones de quien los gobierna. Es un imposible democrático. Es una vergüenza, un exabrupto difícil de entender. Acá la justicia es la que tiene la palabra. Ojalá actúe pronto.