El gobierno de los contenidos

El día martes el Gobierno, a través del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca regular el vacío legal que dejó la supresión del rango constitucional, y posterior liquidación, de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), que ahora se pretende reemplazar por una Junta Directiva.

Una decisión en parte acertada debido a los graves problemas que evidenciaba la CNTV: costos anuales cercanos a los $38 mil millones; burocracia excesiva que hacía imposibles los trámites; juntas directivas tildadas comúnmente de inexpertas o de no representar los intereses del televidente, etcétera. Era urgente pensar en una alternativa no tan costosa al Estado, que administrara el espectro electromagnético y su uso de una forma mucho más eficiente.


El proyecto de ley del Gobierno pretende todo esto pero a un costo muy alto: el control, por parte de él mismo, de los contenidos de nuestra televisión. No puede ser otra la conclusión después de la lectura de las 19 normas que componen el articulado. Y pese a que la exposición de motivos, firmada por el ministro Diego Molano, afirme categóricamente que la función debe ser ejecutada de forma independiente del gobierno de turno —con controles como la profesionalización de los perfiles de los miembros de la junta, periodos fijos institucionales y la no sujeción a controles jerárquicos— las normas hablan un idioma muy distinto.


Por medio de ellas se pretende hacer una Junta Directiva conformada de la siguiente manera: un miembro del Ministerio, nada menos que el ministro de Telecomunicaciones en persona, es decir, un delegado directo del gobierno de turno, y otros tres elegibles de una terna escogida por el presidente y enviada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es decir, otra dependencia del Gobierno.


Con esto se hace evidente la pretensión de tener una televisión con claros lineamientos gubernamentales, cuya administración, gestión, adjudicación, cierre de negocios, entre otras, quedará en manos del Ejecutivo y el presidente del momento. El gran lema del proyecto es la independencia, como si ésta hubiera sido el gran problema de la CNTV. No, tenía infinidad de problemas pero la independencia no era uno de ellos.


Algunos afirman que bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, un hombre que por venir de la prensa entiende muy bien que la libertad de contenidos y de expresión es fundamental para una democracia, no habría ningún problema. Confiamos en que así sea. Pero, ¿y si se da el caso de un gobernante no tan amigo de dicha libertad, que quiera promover de forma irrestricta los lineamientos ideológicos de su gobierno? ¿Que quisiera un canal al servicio de los mismos o algún tipo de control a los críticos? Casos se han visto.


Las instituciones de un régimen democrático deben estar consolidadas a prevención: ser fuertes y balanceadas para evitar las amplias tentaciones de abuso de poder que ostentan los funcionarios montados en él. Es un riesgo para la democracia que este proyecto pase bajo el pupitrazo de la llamada “aplanadora santista”. Serán los congresistas quienes puedan frenar esta iniciativa que —aparte de los avances que plantea en términos de eficacia y manejo del presupuesto— dejaría muy mal parada a la democracia y a la libertad de difundir el pensamiento libre.


Al eliminar la CNTV queda un hueco institucional que hay que llenar. Este no puede ser compensado por un proyecto de ley que pretenda restarle autonomía institucional a la nueva corporación que se encargará del manejo del espectro electromagnético. Ojalá las dudas que presentamos aquí sean discutidas de una forma razonable y ponderada en el Congreso, que para eso está.

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