Los miembros del Gobierno de Gustavo Petro se sienten llamados a liderar una discusión sobre los límites de la libertad de expresión y de prensa que no solo no le corresponde a la Rama Ejecutiva, sino que como se está planteando peca de ingenuidad al no entender los efectos que producen los funcionarios cuando estigmatizan el rol de los periodistas. Es cierto que los medios de comunicación tenemos responsabilidad social y que nuestra labor debe ser escudriñada por los ciudadanos, a los cuales debemos responder con transparencia y autocrítica, pero eso es muy distinto a que, cada vez que hay momentos de crisis, desde la Casa de Nariño se pretenda dictar línea sobre los discursos que se consideran adecuados y los que no.
Lo vimos en estos días. Ante la inaceptable entrada violenta de personas a las instalaciones de la revista Semana, que despertó el rechazo unánime del gremio de periodistas colombianos, el Gobierno fue más ambivalente. Su respuesta se puede resumir en: “Sí, condenamos los hechos, pero los periodistas no están haciendo bien su trabajo”.
La primera en pronunciarse fue la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. “Es muy importante no solo proteger a los medios, sino a los periodistas”, dijo la funcionaria, “pero también hacer un llamado para que los periodistas no sean incendiarios; todo lo contrario, que aprendamos todos a convivir pacíficamente”. Hablar de “periodistas” en abstracto y a renglón seguido tildarlos de “incendiarios”, parece olvidar la ministra, es caer en el juego de la estigmatización, condenar a una profesión entera y enviarles el mensaje a todos los copartidarios del Gobierno de que está bien seguir deslegitimando la labor de la prensa libre. No en vano, quienes entraron al edificio de Semana utilizaban palabras parecidas a las de la funcionaria. ¿No ven, acaso, los ecos de lo que dicen?
Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un rechazo tibio de lo ocurrido. En una primera manifestación, en X, dijo: “Rechazo que se ejerza violencia sobre cualquier medio de comunicación”. Luego, a renglón seguido, escribió que “toda la sociedad, incluido el presidente, tiene derecho a expresarse sin violencia”. Como si no fuese suficientemente extraño que volviese sobre sí mismo la atención de una agresión, al día siguiente el presidente salió a hablar de xenofobia en los medios y luego revivió su eterna pelea con la Fundación para la Libertad de Prensa al lanzar preguntas como la siguiente: “¿Puede usarse la corrección que hago de informaciones falsas como ataque a la prensa?”. Es curioso que desde la Casa de Nariño les pidan a los medios tanta autocrítica, pero no hacen lo propio sobre los efectos de sus constantes ataques y estigmatizaciones a la prensa. Por citar un ejemplo, el presidente se pregunta si no tiene derecho a la réplica (por supuesto que lo tiene), ¿pero acaso olvida que cuando Noticias Caracol publicó información sobre la financiación de su campaña en el Casanare no se contentó con replicar, sino que acusó al medio de tener una agenda para “tapar” el escándalo de la Ruta del Sol?
Por eso es que los presidentes y los gobiernos no son los llamados a definir cuál es la buena prensa y cuál es la mala. No solo porque tienen rabo de paja en sus intereses y en su manera de comunicar, sino porque hay un desequilibrio claro de poder. Si queremos un debate pacífico, la Casa de Nariño debe liderar con el ejemplo.
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