El Gobierno sigue sin entender Uber

Todo indica que el Gobierno sigue sin entender la magnitud del reto que implican las nuevas tecnologías.

El Gobierno está desperdiciando una oportunidad para crear regulaciones que tengan en cuenta las innovaciones tecnológicas.

El Gobierno Nacional sigue demostrando su incapacidad para entender la raíz del problema creado por la existencia de plataformas como Uber, y su reglamentación con el decreto 2297 de 2015, lejos de ser la solución que el Ministerio de Transporte ha dicho que es, condena a los transportadores y a los ciudadanos a vivir en una ambigüedad jurídica, con todas las consecuencias adversas que eso representa. El Congreso tampoco quiere aparecerse en la discusión. ¿Es imposible innovar en las regulaciones?

El nuevo ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, sigue la misma línea errada del Gobierno en el tema. La semana pasada, a través de su cuenta de Twitter, dijo: “Hemos cumplido. Después de concertación en seis mesas de trabajo, expedimos nueva reglamentación de servicio de lujo de transporte individual”. Contraria a esa visión optimista, la recepción de la reglamentación causó incomodidad entre todos los involucrados.

La posición de Uber es clara. En un comunicado, la empresa dijo que “ningún nuevo jugador puede ofrecer esta modalidad de lujo en las condiciones actuales, ya que los cupos se encuentran monopolizados por particulares y se transan en un mercado informal sin ningún control”. Es verdad, todas las críticas que se han venido haciendo estos meses al modelo de transporte público particular actual parecen haber caído en oídos sordos, y aunque el ministro habla de concentración, se nota la preponderancia que tuvo el interés del lobby del gremio de los taxistas.

Todo indica que el Gobierno sigue sin entender la magnitud del reto que implican las nuevas tecnologías. Nos repetimos: qué falta hizo una presencia útil del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como líder y coordinador de todo este debate, porque si bien el contexto del dilema es el transporte, las verdaderas preguntas son cómo crear una regulación que responda a la velocidad de los avances tecnológicos que tienden a democratizar sectores de la economía y cómo convertir a Colombia en un país propicio para el emprendimiento digital.

Por ejemplo, como también lo explicó Uber, la reglamentación del Mintransporte no “promueve otras formas de movilidad que hagan un uso eficiente de los vehículos privados, como son los viajes compartidos (ridesharing o carpooling)”. Sí, detrás de esta pelea hay una multinacional, pero también hay una gran cantidad de ciudadanos que vieron la posibilidad de conectarse entre ellos para transportarse de manera diferente. Todo eso no puede caer en saco roto manteniendo el statu quo de los taxistas, quienes, por cierto, también han pedido cambios que los protejan de los atropellos que el sistema actual implica.

Lupoani Sánchez, presidente del gremio del transporte público especial, Acoltés, aseguró que la medida del Gobierno fue “unilateral” y que el Ministerio perdió “una oportunidad histórica” para regular la materia. Es cierto. Seguiremos viendo ataques cada vez peores contra los conductores de empresas como Uber y Cabify, y las autoridades no sabrán cómo intervenir ante una situación jurídica llena de lagunas.

Mientras tanto, y ya que el Congreso ha sido renuente a considerar el debate, se recogen firmas de apoyo al proyecto de ley de transporte privado mediante plataformas. Ojalá los políticos entiendan pronto que el debate está muy lejos de haberse saldado.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

Temas relacionados