Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Indignación, por decir lo menos, suscita la decisión del impeachment aprobado este jueves contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Con 55 votos a favor y 22 en contra, el Senado brasileño le asestó un golpe letal a una gobernante progresista, convertida en el chivo expiatorio de la grave crisis por la que atraviesa el país. Con claro respeto por la forma, pero sin contraprestación jurídica por el fondo, Rousseff sufre lo que alguien definió figurativamente como aplicar la pena de muerte a quien se pasa un semáforo en rojo.
De momento, la presidenta brasileña queda en una especie de limbo durante 180 días en los cuales asume la primera magistratura Michel Temer, su vicepresidente y el principal estratega de esta puñalada por la espalda. Ella no ha dudado en definirlo como “un traidor y el padre de los conspiradores”. Mientras tanto, en el Senado comienza el juicio que deberá determinar en octubre si Rousseff cometió un “crimen de responsabilidad hacia la República”. El cargo imputado, contrario a lo que la mayoría de la opinión pública cree, no es corrupción sino la alteración de cuentas públicas para maquillar el presupuesto. Lo hizo al pedir dinero a bancos públicos en época de campaña, pasarlos al presupuesto y retornarlos una vez lograda la reelección. Un pecado menor, y muy frecuente en el mundo, para el tipo de sanción que enfrenta: sacarla de la Presidencia.
La gran diferencia con la anterior destitución de un presidente en Brasil, la de Fernando Collor de Melo en 1992, estriba en que éste reconoció su participación en hechos delictuosos. Aquí no. Sin embargo, parlamentarios de diversos partidos aprovecharon el gran descontento popular con el Gobierno, al cual culpan de todo, así como los muy bajos niveles de popularidad de la presidenta, para dar el golpe de mano. Paradójicamente, todo esto sucede en un Congreso en el que cerca del 60 % de los integrantes afrontan graves denuncias o procesos por corrupción y que, sin mayor autoridad moral, tiran la piedra sin estar exentos de pecado ellos mismos.
Los últimos años ciertamente no han sido fáciles para la presidenta. A pesar de los grandes logros sociales iniciales alcanzados por Lula da Silva, que favorecieron a millones de brasileños de las clases bajas, el país entró en barrena por una crisis económica que opacó buena parte de los éxitos del PT. A lo anterior se le suma la corrupción galopante, que comenzó por afectar al oficialismo tras las condenas a altos funcionarios involucrados en el escándalo del denominado Mensalão. La saga continuó con la investigación Lava Jato, que sacó a la luz una infinita red de corrupción y lavado de activos entre Petrobras, la estatal petrolera, y grandes empresas privadas que pagaron jugosos sobornos para quedarse con millonarios contratos. Hasta el momento han terminado en la cárcel altos empresarios de cuello blanco, directivos de Petrobras, así como algunos políticos de todas las corrientes.
Con todo, no les falta razón a los oficialistas cuando, indignados, dicen que Rousseff obtuvo 54 millones de votos en las últimas elecciones y, si debe pagar por los problemas políticos que enfrenta, en cualquier democracia esas situaciones se definen en las urnas y no con un impeachment.
¿Qué viene ahora? Todo hace prever que Temer va a dar marcha atrás en materia social, con grandes recortes que le permitan poner la casa en orden en materia económica. De esta manera le da la razón a Dilma, quien ha denunciado que lo que está sucediendo en su país es un golpe de Estado democrático contra el proyecto social del PT. Mientras la mayoría de los países se harán los de la vista gorda por diversos motivos, el único que ha mantenido una posición firme ha sido Luis Almagro, desde la OEA. Podrá sonar como una voz en el desierto, pero no por ello se puede dejar de señalar lo sucedido como un hecho vergonzoso para la democracia en la región.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Por El Espectador
