El grafiti en Bogotá

Rayó la pared con su nombre, con la bandera de su país, con otros modelos no tan claros, escoltado por guardias de su seguridad privada y un séquito de policías que le seguían los movimientos por toda la vía.

Resulta apenas lógico que el país se indigne ante este hecho: fresca aún está en la memoria la imagen de Diego Felipe Becerra, el grafitero al que un agente de Policía le disparó en la espalda luego de estar haciendo exactamente lo mismo en otra parte de la ciudad. Desde estas líneas nos hemos pronunciado ya muchas veces sobre ese caso: repudiable no solo fue el asesinato del joven, sino también los altos indicios del encubrimiento posterior que el mismo cuerpo de Policía hizo para negarlo todo. Sin embargo, creemos que la esfera de este nuevo debate abarca unas problemáticas distintas.

Se critica mucho a la Policía y no entendemos exactamente por qué. ¿Por escoltar al cantante en caravana? ¿No debía, pues? ¿O por dejarlo pintar un grafiti en esa zona? Ni siquiera nosotros mismos sabemos con certeza cuáles partes —a la altura de qué avenida, en qué cuadras, en cuáles paredes, en cuáles no— de ese corredor de la calle 26 pueden ser intervenidas por artistas callejeros autónomos que, hasta que ocurrió esto, pensábamos que la Alcaldía de Gustavo Petro apoyaba. Que quería incluir dentro de la agenda de su gobierno.

Ahora resulta que, como dijo el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, el cantante Justin Bieber cometió un acto ilegal y debería devolverse a Bogotá a pagar “servicio social”. ¿No había, justo ahí, una zona para que esto se hiciera con libertad? Eso creíamos. Eso dijeron. Es más, en el tema todo parece estar al revés: ahí vimos al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino (no sin cierta conveniencia mediática), diciendo que había que “evolucionar, porque el grafiti es la expresión de un sentimiento, de una motivación”. Pero al parecer no es así. No al menos para el Distrito.

La situación de los grafitis en Bogotá, como vemos, está inmersa en una nebulosa serie de regulaciones abstractas que, a nuestro modo de ver, el Distrito debe empezar a aclarar de una buena vez: si es que quiere que una forma de expresión tan expandida en la ciudad (y que tanto éxito reporta) tenga cabida realmente dentro de la agenda de intereses públicos. ¿O qué hacemos? ¿Qué le decimos, no ya a Justin Bieber, sino a un ciudadano que quiere mostrar su arte en la calle? ¿Puede? ¿No puede? ¿La Policía, dirigida por el entusiasta Palomino, lo escoltará para que lo haga? ¿Entenderán sus filas esta “evolución” de la que él habló?

En fin: hay dos normas que regulan el tema, el Acuerdo 482 de 2011 y el Decreto 075 de 2013, ambas bastante amplias. Ahí pudimos ver definiciones de palabras, estrategias pedagógicas que se planearían, lugares no autorizados, prohibiciones. Nada concreto. Nada que un ciudadano corriente pueda entender. El Espectador indagó con las autoridades competentes —luego de ir de una a otra— y supo algunas cosas: que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público puede dar permisos especiales para pintar partes privadas. Que el Instituto de Desarrollo Urbano también, cuando se trate, por ejemplo, de la malla vial. Que los grafitis que hay en la 26 en las culatas de las casas fueron autorizados por permisos. Que, finalmente, lo que hizo el cantante canadiense no era permitido.

Cosas así. Todo esto revela, de forma clara, que existe un vacío jurídico en un tema al que la Alcaldía le había dado mucha importancia en su momento. Ellos, más que nadie aquí, tienen la palabra.

Rayó la pared con su nombre, con la bandera de su país, con otros modelos no tan claros, escoltado por guardias de su seguridad privada y un séquito de policías que le seguían los movimientos por toda la vía.

Resulta apenas lógico que el país se indigne ante este hecho: fresca aún está en la memoria la imagen de Diego Felipe Becerra, el grafitero al que un agente de Policía le disparó en la espalda luego de estar haciendo exactamente lo mismo en otra parte de la ciudad. Desde estas líneas nos hemos pronunciado ya muchas veces sobre ese caso: repudiable no solo fue el asesinato del joven, sino también los altos indicios del encubrimiento posterior que el mismo cuerpo de Policía hizo para negarlo todo. Sin embargo, creemos que la esfera de este nuevo debate abarca unas problemáticas distintas.

Se critica mucho a la Policía y no entendemos exactamente por qué. ¿Por escoltar al cantante en caravana? ¿No debía, pues? ¿O por dejarlo pintar un grafiti en esa zona? Ni siquiera nosotros mismos sabemos con certeza cuáles partes —a la altura de qué avenida, en qué cuadras, en cuáles paredes, en cuáles no— de ese corredor de la calle 26 pueden ser intervenidas por artistas callejeros autónomos que, hasta que ocurrió esto, pensábamos que la Alcaldía de Gustavo Petro apoyaba. Que quería incluir dentro de la agenda de su gobierno.

Ahora resulta que, como dijo el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, el cantante Justin Bieber cometió un acto ilegal y debería devolverse a Bogotá a pagar “servicio social”. ¿No había, justo ahí, una zona para que esto se hiciera con libertad? Eso creíamos. Eso dijeron. Es más, en el tema todo parece estar al revés: ahí vimos al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino (no sin cierta conveniencia mediática), diciendo que había que “evolucionar, porque el grafiti es la expresión de un sentimiento, de una motivación”. Pero al parecer no es así. No al menos para el Distrito.

La situación de los grafitis en Bogotá, como vemos, está inmersa en una nebulosa serie de regulaciones abstractas que, a nuestro modo de ver, el Distrito debe empezar a aclarar de una buena vez: si es que quiere que una forma de expresión tan expandida en la ciudad (y que tanto éxito reporta) tenga cabida realmente dentro de la agenda de intereses públicos. ¿O qué hacemos? ¿Qué le decimos, no ya a Justin Bieber, sino a un ciudadano que quiere mostrar su arte en la calle? ¿Puede? ¿No puede? ¿La Policía, dirigida por el entusiasta Palomino, lo escoltará para que lo haga? ¿Entenderán sus filas esta “evolución” de la que él habló?

En fin: hay dos normas que regulan el tema, el Acuerdo 482 de 2011 y el Decreto 075 de 2013, ambas bastante amplias. Ahí pudimos ver definiciones de palabras, estrategias pedagógicas que se planearían, lugares no autorizados, prohibiciones. Nada concreto. Nada que un ciudadano corriente pueda entender. El Espectador indagó con las autoridades competentes —luego de ir de una a otra— y supo algunas cosas: que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público puede dar permisos especiales para pintar partes privadas. Que el Instituto de Desarrollo Urbano también, cuando se trate, por ejemplo, de la malla vial. Que los grafitis que hay en la 26 en las culatas de las casas fueron autorizados por permisos. Que, finalmente, lo que hizo el cantante canadiense no era permitido.

Cosas así. Todo esto revela, de forma clara, que existe un vacío jurídico en un tema al que la Alcaldía le había dado mucha importancia en su momento. Ellos, más que nadie aquí, tienen la palabra.