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“Me empezaron a pegar puños, hasta que me botaron al piso. Me arrastraron por el pasillo, mientras me golpeaban. A la gente la están ahogando con gas en una de las habitaciones. Están separando a los hombres de las mujeres. A los muchachos les pegan hasta que les dicen: ‘Se van a quedar callados o qué’, y les siguen pegando. Antes de entrar había muchas personas que estaban en Transmilenio, como los conductores, que estaban mirando cómo metían a los muchachos y evidenciaban que había gas lacrimógeno ahí”, dijo Diego Luna sobre los tratos que le dio la Policía de Bogotá el 3 de mayo del año pasado.
“Tenían retenidos a ocho jóvenes en la caseta del vigilante, que no tenía ventilación. Para verificar su estado de salud me tocó negociar con el vigilante, como si él estuviera al mando de la operación, es decir, de esa detención (...). Cuando logré entrar donde estaban, me manifestaron que habían sido gaseados y golpeados por policías en ese cuarto. También vi cómo traían a un joven arrastrándolo y golpeándolo (...) un policía tuvo que quitarlo de encima para evitar que lo siguiera agrediendo”, dijo Cristian Cabrera, excontratista de la Alcaldía de Kennedy, sobre hechos que vio en abril del año pasado.
El horror descrito por ambos casos es digno de un Estado autoritario, donde los derechos humanos de los jóvenes son negados y violados. Que esto haya ocurrido en el marco del paro nacional, además, demuestra una incapacidad por parte de miembros de la fuerza pública para responder de forma democrática en tiempos de tensión. Ese, sin embargo, es un requisito básico de su labor: ¿cómo es posible que, cuando hay caos en las calles, la respuesta haya sido el terror? ¿Por qué se utilizan espacios de Transmilenio para vulnerar derechos a escondidas? ¿Cómo pasa esto en la capital de Colombia y no hay actos de investigación, reflexión y ofrecimiento de disculpas? ¿Por qué el Gobierno Nacional responde con hostilidad cuando hay investigaciones independientes que documentan este tipo de hechos?
Las denuncias sobre el Portal Américas fueron presentadas por dos concejales distritales esta semana: Diego Cancino (Alianza Verde) y Susana Muhamad (Colombia Humana). El Distrito, a través del jefe de Gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, respondió: “Como todos los bogotanos y colombianos lo saben, fuimos los primeros en denunciar estos hechos no solo ante los órganos del control de los órdenes distrital y nacional, sino también ante instancias internacionales”. Es decir, parece que el horror denunciado sí ocurrió. ¿Por qué no hay respuestas?
No puede haber reconstrucción de confianza cuando este tipo de situaciones pasan y la respuesta institucional de la Policía son evasivas. Los ciudadanos no deberían sentir temor de ser recluidos por la fuerza pública, eso es un principio básico de cualquier democracia. Entre más nos enteramos sobre lo ocurrido en el paro nacional, más se hace evidente que una reforma estructural es necesaria. Empezando por un cambio notable de actitud. No hay de otra para tener ciudades en paz.
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