El imperativo moral de proteger a los desmovilizados

Hay personas comprometidas con exterminar a los desmovilizados de las Farc, estén o no involucrados en el movimiento político que creó esa exguerrilla al dar el paso a la legalidad.

Eso se sabe, se advirtió durante el proceso de paz y se ha seguido denunciando después de la firma. No sólo porque tenemos el ineludible y doloroso antecedente histórico de la Unión Patriótica, desaparecida a sangre y fuego, sino porque ocurren hechos lamentables que, entre varias cosas, demuestran las enormes grietas en el plan del Gobierno para proteger adecuadamente a quienes por fin están apostando por dar batallas ideológicas sin tener armas en las manos.

Esta semana han ocurrido dos hechos en este tema que preocupan y llenan de frustración. Si la sociedad colombiana no cumple con el imperativo moral de respaldar a los reinsertados y garantizarles una oportunidad de rehacer sus vidas, perdemos cualquier esperanza de tener un país sin violencias irracionales.

El martes pasado, dos miembros del partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) fueron asesinados en el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia. Las víctimas, Wílmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, hacían parte de la campaña de Wílmar de Jesús Cartagena Durango, candidato a la Cámara de Representantes por parte de ese partido surgido de los acuerdos con la guerrilla.

No son casos aislados, por cierto. Según información recolectada por Marcha Patriótica, entre el 13 de noviembre de 2016 y el 18 de enero de 2018 han sido asesinados 54 integrantes de la FARC o familiares de los mismos.

Cuando no los están matando, además, los están amenazando. En Cali, también esta semana, se conoció un panfleto, presuntamente firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Clan del Golfo), donde prometían “volar todas esas sedes (de la FARC) que utilizan como fachada para delinquir; anunciamos que se avecinan más muertes, como las que ya hemos venido realizando en otros municipios del país”.

Por su parte, el Gobierno repitió su guión ya conocido: que se están tomando las medidas necesarias para proteger a todos los grupos políticos, que esto no puede ocurrir en el país y que hay un compromiso vehemente con la paz. Que la respuesta sea tan similar a la que utilizan con la tragedia de los líderes sociales no es coincidencia: este tipo de violencia genera impotencia y, en ocasiones, displicencia en las autoridades.

La respuesta de la FARC, en este país de paradojas, contrasta con la violencia contra ellos. Juan Manuel Gómez Cardona, miembro del consejo local de los comunes FARC Cali, dijo: “Queremos dar un mensaje de tranquilidad a la base de nuestra organización, a las comunidades con las que trabajamos y a la ciudadanía caleña y vallecaucana de que nosotros seguiremos luchando con fe, valor y convicción de que este país se puede transformar. Tenemos los brazos abiertos para eso”.

No los podemos dejar solos. La guerrilla ha cumplido lo que ha prometido. Sí, existe disidencia, pero esa ya no debe identificarse con la FARC: son criminales que deben ser perseguidos. La FARC es un partido político y un grupo de personas dispuestas a someterse a las reglas de la sociedad y, además, a responder ante la justicia transicional. Si permitimos que los aniquilen, estamos aceptando que no puede existir una Colombia en paz.

 

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