El Congreso colombiano acaba de aprobar una legislación que moderniza las protecciones laborales ante los abusos de los empleadores. La llamada Ley de Desconexión es importante porque sigue una tendencia global donde se ha reconocido que, gracias a la tecnología y al teletrabajo, los límites entre el trabajo y la vida íntima se han desdibujado, creando situaciones de desequilibrio que se tornan problemáticas y desgastantes. Se trata de un mensaje importante por parte del Estado: se trabaja para vivir y no al contrario. Queda la duda, como suele ocurrir con las protecciones de derechos laborales, de qué tanto se cumplirá en el país de la informalidad disparada y donde los contratos de prestación de servicios se utilizan para negar derechos sin reducir obligaciones.
Por supuesto que necesitamos normas laborales más humanas. WhatsApp, por ejemplo, se ha convertido en un mecanismo de supervisión constante. Abundan los relatos de empleados que están respondiendo mensajes fuera de horario laboral, incluyendo en fines de semana y festivos, por culpa de la ilusión de la omnipresencia. Parece que la etiqueta y las buenas maneras no se trasladaron al mundo digital: si alguien tiene WhatsApp, entonces se le puede escribir en cualquier momento. Lo mismo ha ocurrido con el correo electrónico. En Francia, por ejemplo, desde el 2014 se prohibió el envío de correos electrónicos a empleados en horarios no laborales.
Con la pandemia la situación empeoró. Muchos trabajadores vieron cómo las promesas del teletrabajo van de la mano con algunos aspectos negativos. El más importante es que se difumina esa línea entre el trabajo y la vida personal. Los horarios se pierden. La invasión por parte del mundo laboral se hace inevitable. Eso a su vez genera desgaste, problemas de salud mental y enemistad entre trabajadores y empleadores.
Es en ese contexto que Colombia se actualiza. El proyecto de ley aprobado es de autoría de Rodrigo Rojas, representante del Partido Liberal, y está pendiente de ser sancionado por el presidente Iván Duque. En él se establece que “el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar”.
Para cumplir sus propósitos, la ley obliga a las empresas a tener un reglamento interno de desconexión. También pide la creación de un mecanismo para tramitar las quejas que surjan por la invasión del espacio personal y que todo quede claro en los contratos de trabajo. Establece que cualquier disposición contra este derecho se considerará nula, a menos que se trate de empleados especiales por las funciones que tienen que desempeñar. Por donde se le mire, es una buena noticia.
Su efectividad, en todo caso, está por verse. Las principales ciudades del país y los centros de empleo siguen con una informalidad cercana al 50 %, con casos aún más graves. Mientras eso ocurra, para millones de colombianos las promesas de protección laboral son insuficientes. La actualización que necesita el mercado laboral está pendiente y debería ser una de las obsesiones del próximo Congreso.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El Congreso colombiano acaba de aprobar una legislación que moderniza las protecciones laborales ante los abusos de los empleadores. La llamada Ley de Desconexión es importante porque sigue una tendencia global donde se ha reconocido que, gracias a la tecnología y al teletrabajo, los límites entre el trabajo y la vida íntima se han desdibujado, creando situaciones de desequilibrio que se tornan problemáticas y desgastantes. Se trata de un mensaje importante por parte del Estado: se trabaja para vivir y no al contrario. Queda la duda, como suele ocurrir con las protecciones de derechos laborales, de qué tanto se cumplirá en el país de la informalidad disparada y donde los contratos de prestación de servicios se utilizan para negar derechos sin reducir obligaciones.
Por supuesto que necesitamos normas laborales más humanas. WhatsApp, por ejemplo, se ha convertido en un mecanismo de supervisión constante. Abundan los relatos de empleados que están respondiendo mensajes fuera de horario laboral, incluyendo en fines de semana y festivos, por culpa de la ilusión de la omnipresencia. Parece que la etiqueta y las buenas maneras no se trasladaron al mundo digital: si alguien tiene WhatsApp, entonces se le puede escribir en cualquier momento. Lo mismo ha ocurrido con el correo electrónico. En Francia, por ejemplo, desde el 2014 se prohibió el envío de correos electrónicos a empleados en horarios no laborales.
Con la pandemia la situación empeoró. Muchos trabajadores vieron cómo las promesas del teletrabajo van de la mano con algunos aspectos negativos. El más importante es que se difumina esa línea entre el trabajo y la vida personal. Los horarios se pierden. La invasión por parte del mundo laboral se hace inevitable. Eso a su vez genera desgaste, problemas de salud mental y enemistad entre trabajadores y empleadores.
Es en ese contexto que Colombia se actualiza. El proyecto de ley aprobado es de autoría de Rodrigo Rojas, representante del Partido Liberal, y está pendiente de ser sancionado por el presidente Iván Duque. En él se establece que “el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar”.
Para cumplir sus propósitos, la ley obliga a las empresas a tener un reglamento interno de desconexión. También pide la creación de un mecanismo para tramitar las quejas que surjan por la invasión del espacio personal y que todo quede claro en los contratos de trabajo. Establece que cualquier disposición contra este derecho se considerará nula, a menos que se trate de empleados especiales por las funciones que tienen que desempeñar. Por donde se le mire, es una buena noticia.
Su efectividad, en todo caso, está por verse. Las principales ciudades del país y los centros de empleo siguen con una informalidad cercana al 50 %, con casos aún más graves. Mientras eso ocurra, para millones de colombianos las promesas de protección laboral son insuficientes. La actualización que necesita el mercado laboral está pendiente y debería ser una de las obsesiones del próximo Congreso.
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