Una semana de gran actividad para la Procuraduría General de la Nación puso de presente la incoherencia jurídica entre la normatividad colombiana y la Convención Americana. Lo dijimos en su momento con la extraña sentencia de la Corte Constitucional que permitió al Ministerio Público seguir sancionando a funcionarios siempre y cuando ese actuar fuese revisado de manera automática por el Consejo de Estado, y ahora lo confirmó el mismo tribunal administrativo al denunciar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra Colombia. Mientras el Pacto Histórico denuncia persecución de la procuradora Margarita Cabello, el país está en un limbo jurídico por la falta de claridad sobre qué normas deben aplicarse.
Solo esta semana la Procuraduría inhabilitó por 14 años a Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, por irregularidades en la adjudicación de un contrato y abrió investigación contra Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, por irregularidades en otro contrato. El Ministerio Público venía de sancionar por ocho meses al senador del Pacto Histórico Álex Flórez por haber agredido a un policía en Cartagena. Esto último y otras investigaciones que adelanta la entidad dirigida por Cabello llevaron a que miembros del partido de gobierno le pidieran medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, “hay una politización contra el Gobierno de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico por parte de la Procuraduría y la Fiscalía”.
Más allá de las discusiones sobre intervención en política, el trasfondo en cada uno de estos casos es la pregunta por las potestades de la Procuraduría. Hace poco el Consejo de Estado se negó a revisar el fallo disciplinario del Ministerio Público contra la alcaldesa del municipio de Arjona (Bolívar), Esther María Jalile García. Según el alto tribunal administrativo, “a pesar de la fallida intención del Congreso de convertir a la Procuraduría General de la Nación en un organismo de linaje jurisdiccional y de revestir sus decisiones bajo el ropaje de sentencias judiciales, lo real y cierto es que, al emitirse las órdenes contenidas en la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, quedó latente la posibilidad de que esa entidad administrativa continúe sancionando disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular a través de actos administrativos, en evidente contradicción con los estándares definidos en la Convención Americana de Derechos Humanos”. Es decir que la estructura misma de la Procuraduría está incumpliendo la decisión de la CorteIDH contra Colombia.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en un comunicado, parece estar de acuerdo con el Consejo de Estado. “Los mandatos constitucionales de autoridades electas solamente pueden ser interrumpidos en función de sentencias de jueces penales”, dice el comunicado, por lo que “es imprescindible que todos aquellos órganos del Estado que no sean jueces penales, incluidos los órganos de control administrativo, se abstengan de realizar actos que vayan en contra de este principio”.
Estamos en un impasse de difícil solución, pues la Corte Constitucional ya falló al respecto y el Consejo de Estado se inclina por inaplicar esa decisión. Necesitamos una reforma a la Procuraduría desde el Congreso, que adapte su funcionamiento a la sentencia de la CorteIDH, pero en este clima político es poco probable. El Ministerio Público seguirá en un laberinto.
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