El lío de las bebidas azucaradas

Según Santiago López, director de la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, “construimos los compromisos pensando en avanzar en una autorregulación responsable en aquellos temas que pueden contribuir a que los colombianos tengan una mejor calidad de vida”. Loable iniciativa. / Archivo/El Espectador

El debate en Colombia sobre la necesidad de restringir las bebidas azucaradas dio un giro inesperado —y bienvenido— la semana pasada, con el anuncio de un acuerdo entre las empresas del gremio que las produce para tomar medidas que desincentiven el consumo y que, sobre todo, las alejen de los niños. La pregunta sobre qué hacer con la obesidad, el azúcar y un sistema de salud en los rines financieros sigue vigente, no obstante, y tomará aún más relevancia cuando por fin se presente la reforma tributaria que está planeada según el Gobierno para el segundo semestre de este año.

Según la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi, el gremio productor de bebidas azucaradas firmó un pacto en el que se compromete a implementar un rotulado frontal en las bebidas para dar mayor información al consumidor, no dirigir publicidad a niños menores de 12 años, promover los estilos de vida activos y saludables, innovar y ampliar el portafolio. Además, y esta es la medida más importante, acordó no comercializar bebidas azucaradas en colegios y escuelas del país. Según Santiago López, director de la Cámara, “construimos los compromisos pensando en avanzar en una autorregulación responsable en aquellos temas que pueden contribuir a que los colombianos tengan una mejor calidad de vida”.

Loable iniciativa, especialmente considerando un dato ineludible en esta discusión: el 17,5 % de los jóvenes entre 5 y 17 años sufren de sobrepeso y, aunque es cierto lo que dicen estas empresas de que la raíz de esa obesidad no es el consumo de bebidas azucaradas, tampoco puede negarse su colaboración a ese problema de salud pública.

Dicho lo anterior, también es de celebrar la presencia en este pacto de algunas de las empresas de bebidas más importantes del país como Postobón, Pepsico, Coca-Cola, Coca-Cola Femsa, Bavaria, RedBull, AJE y Monster Energy. Eso indica que van en serio. En este país, donde la confrontación entre el Estado y los privados, resuelta por leyes o por los tribunales, es lo común, es buena señal también que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, haya estado presente en el anuncio del acuerdo. Con el diálogo, ya vemos, se pueden producir iniciativas que le aporten al país sin perjudicar inadecuadamente los intereses privados.

El debate, no obstante, está lejos de saldarse. En lo que se refiere a las bebidas azucaradas, hay actualmente dos discusiones distintas —pero conectadas— a nivel local e internacional. La primera tiene que ver con la obesidad como problema de salud pública que se intenta mermar disminuyendo el consumo de azúcar. México, por ejemplo, tiene desde 2014 un impuesto sobre estas bebidas que, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, “logró reducir su consumo un 6 % en un año”. Esa reducción, si bien no es despreciable, tampoco es suficiente para cantar victoria, por lo que surge la pregunta: si no es posible eliminar el consumo, ¿cuál es el propósito del impuesto?

Aquí es donde se une la otra discusión, que no es nueva, y que se refiere a la necesidad de nutrir el sistema de salud con recursos para que tenga la capacidad de solucionar adecuadamente los problemas de salud pública que vienen por las enfermedades que se desprenden de la obesidad. El ministro Gaviria ha sugerido que se implante un impuesto del 20 % a las bebidas azucaradas para que, si no logramos que las personas dejen de consumirlas, por lo menos tengamos maneras de mejorar un sistema de salud que ya de por sí está colapsado por una crisis de recursos. Es lo mismo que se hace, por ejemplo, con el cigarrillo y el alcohol.

Ya habrá tiempo de dar ese debate cuando por fin conozcamos la reforma tributaria, pero si la lucha que se quiere dar es contra la obesidad, hay que dar la pelea también con otros alimentos, y no sólo con las bebidas azucaradas. Mientras tanto, será importante ver si este acuerdo de los productores genera cambios positivos y medibles en la salud de los niños. Si así fuere, tendríamos señales importantes sobre dónde centrar el debate que sigue.

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