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César Lorduy debería apartarse de su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tiene, por supuesto, derecho al debido proceso y mantiene la presunción de inocencia, pero su defensa debe realizarse separada de la entidad a la que representa. Las fuertes denuncias en su contra enlodan una labor de por sí cuestionada del CNE, en medio de una crisis institucional creada por la extralimitación de los magistrados. Los servidores públicos deben responder a estándares de comportamiento más elevados de los que se espera de un ciudadano del común.
Las denuncias contra Lorduy son gravísimas. En diálogo con Cambio, Íngrid Aguirre, representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, dijo que desde el año pasado interpuso una acción en la Fiscalía contra el magistrado del CNE. Según Aguirre, Lorduy les pidió a ella y a su partido dinero a cambio de garantizar la no intervención en la revocatoria de la candidatura de Patricia Caicedo, de Fuerza Ciudadana, a la Alcaldía de Santa Marta. Cuando se negaron, el magistrado habría ido más allá. Según Aguirre, Lorduy le dijo: “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”.
A pesar de que la denuncia se hizo ante la Fiscalía, el proceso no se ha adelantado. Insistimos en que en este caso, como en todos según ordena la Constitución, opera la presunción de inocencia y el debido proceso. Lorduy, quien niega los hechos, merece defenderse. El problema es que lo haga mientras, al mismo tiempo, ocupa un cargo tan importante para el país. Incluso si el CNE no estuviera en medio de un choque de trenes institucional, se le debería pedir que se aparte del cargo.
La pregunta de fondo en este tipo de situaciones siempre es una de legitimidad. Cuando un servidor público, en cualquiera de los niveles del Estado, es denunciado ante la Fiscalía y hay declaraciones en su contra tan problemáticas, lo mejor es apartarse de la institución, porque inevitablemente la ciudadanía asocia a los representantes de las instituciones con sus labores. Si el CNE sigue en sus actuaciones contra el presidente Gustavo Petro, las motivaciones de hacerlo tendrán aún mayor escrutinio. Una discusión que debería ser sobre lo que dice o no dice la ley se transforma en una pregunta por la idoneidad de todos los involucrados.
Como discutimos la semana pasada, en la decisión del CNE contra el presidente hay un debate constitucional complejo sobre los alcances y limitaciones del fuero. En esa batalla, el magistrado Lorduy, como presidente del CNE, asumió el liderazgo para hablar en medios y exponer el argumento de que se está actuando en derecho. Ahora que su propia figura está cuestionada, nos parece evidente que no puede seguir ejerciendo esa vocería sin causar ruidos adicionales.
Un punto adicional y no menos importante es la integridad de la representante Aguirre. Su denuncia debe ser atendida por la justicia y su testimonio debe ser valorado con dignidad. Se trata de una servidora pública que se está sometiendo al escarnio público para evidenciar posibles actos de corrupción y acoso. Es urgente que el país reciba respuestas.
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