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Para un presidente que se ha mostrado tan preocupado porque se respeten los mandatos populares, Gustavo Petro ha expuesto un particular desdén por el mandato popular otorgado a la Alcaldía de Bogotá. Cada oportunidad que tiene fomenta la hostilidad con la administración de Carlos Fernando Galán, sea en el metro, del que ha despotricado con vehemencia, o esta semana con una resolución sobre el ordenamiento territorial de la sabana de Bogotá. No ha pasado solo con la capital del país, pues también lo hemos visto intervenir en múltiples decisiones de orden local. En el caso particular del Distrito, hubo un candidato que representaba la visión de ciudad propuesta por el mandatario y que fue derrotado de manera estruendosa, quedando en tercer lugar. ¿Nos gastaremos los casi dos años de gobierno que quedan en medio de la disputa constante entre la Casa de Nariño y el Palacio Liévano?
La discordia más reciente demuestra que esta discusión no tiene salida diplomática por falta de interés en Presidencia. El alcalde Galán emitió una alerta: “Esto no es ninguna consulta, sino una publicación obligatoria disfrazada de consulta para sanear un proceso ilegal, inconstitucional y que puede generar un fraude a resolución judicial”. Se refiere a una resolución, firmada por la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que delimita lo que se puede y no se puede hacer en la sabana de Bogotá. La exministra respondió que el alcalde debería “leer con atención la resolución ambiental” y que “la resolución no es una decisión tomada; está en consulta y se analizará con serenidad”.
Sin embargo, el tono del presidente Petro invita a pensar que no hay serenidad ni apertura a escuchar al Distrito. Ante el reclamo de Roberto Angulo, secretario de Integración Social, le dijo: “Hermano, Roberto, despierta. La ciudad se queda sin agua”. Al alcalde de Bogotá también le respondió de manera agresiva: “Con todo respeto alcalde Galán, la Sabana de Bogotá no pertenece al Distrito. Permita que su población se exprese”. ¿Acaso la población no se expresó en las elecciones? ¿No ha hecho la Casa de Nariño todo lo posible por torpedear las iniciativas que se plantean desde la administración distrital para imponer su visión particular sobre cómo debe ser la conservación ambiental?
Más allá de las particularidades del debate sobre la sabana de Bogotá, lo que seguimos viendo es un Gobierno Nacional que quiere ser alcalde de la capital. Le pasó a Claudia López, a quien le estancaron su último año de gobierno esperando que Gustavo Bolívar fuera su sucesor, y le ha ocurrido al alcalde Galán en su primer año de mandato. Este Gobierno impulsó una reforma de descentralización en recursos histórica, pero se comporta como si no le interesara la opinión de los gobernantes locales en las principales ciudades del país. Así no debería ser: el presidente está llamado a responder a las preocupaciones nacionales mientras que es un aliado para que las entidades territoriales, según la voluntad de sus electores, lleven a cabo sus propios proyectos de desarrollo. Con ciertas líneas rojas, claro, pero sin que se obstaculice todo un proyecto político por diferencias ideológicas. La frustración del alcalde Galán y de tantos otros alcaldes es la misma: no se sienten escuchados por el Gobierno central. Pierden los ciudadanos en esos choques de egos.
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