El negocio de los destituidos

Parece que eliminar las "manzanas podridas” de la Policía Nacional no sólo es una tarea titánica, sino que además no es rentable. Una investigación de la revista Semana (“El carrusel de los reintegros”, 17/01) reveló que existe un cartel especializado en ganar demandas que terminan con el reintegro a la institución de uniformados que habían sido destituidos por malas conductas o la comisión de delitos. Peor aún, las sentencias les otorgan indemnizaciones millonarias y, como si fuese poco, exigen el ascenso de los policías una vez reintegrados. Las denuncias contra los involucrados no han prosperado y esta dinámica perversa amenaza con seguir agravando la crisis de confianza que atraviesa esa institución. Preocupa, además, que no parece haber suficientes acciones para solucionar el problema.

Las denuncias de corrupción por distintos motivos han manchado la imagen de la Policía Nacional, especialmente el año pasado. Además de los escándalos por interceptaciones ilegales a periodistas (que aún no sabemos quién las ordenó ni por qué), las denuncias sobre presiones indebidas en un caso que involucra al director, general Rodolfo Palomino, y los constantes casos de coimas indebidas (“en la carretera está la money pulpita”, dijo recientemente un alto oficial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía), entre 2013 y 2015 un total de 3.500 policías fueron retirados de la institución. Además, 1.600 uniformados fueron capturados por formar parte de bacrim o cometer otros delitos. Números escalofriantes, por decir lo menos.

Las purgas, no obstante, suelen ser el método más efectivo con el que la Policía busca sortear las polémicas. Cuando algo sucede, por lo general, se destituyen uniformados de inmediato, pese a que las cabezas de los hechos sigan en la impunidad. Por eso no deja de ser indignante que exista esta “puerta giratoria”, como le dicen los involucrados, que permite que los destituidos no sólo regresen a la institución, sino además le saquen provecho financiero.

La organización encargada de todo está conformada por varios tenientes coroneles y coroneles retirados hace más de una década por vínculos con narcotraficantes. También hay varios exoficiales y dos experiodistas. Ellos, a través de una red de contactos en la Policía, en juzgados, tribunales y hasta en el Consejo de Estado, ofrecen el servicio de presentar una denuncia que termina en el reintegro, una indemnización y un ascenso. A cambio, piden entre $100 y $300 millones, dependiendo del caso. Para quienes los contratan es una excelente inversión: las cifras de la indemnización promedian los $500 millones, y eso sin contar el hecho de recuperar su trabajo en una mejor posición salarial.

En los últimos diez años se han presentado más de 900 acciones de este tipo que han resultado positivas para los intereses corruptos. Cundinamarca (174), Meta (92), Santander (92), Valle (76) y Antioquia (69) son los tribunales del país con más reintegros, pero los tentáculos del cartel se extienden por todo el territorio nacional. ¿Y quiénes son los que vuelven a portar el uniforme? Personas condenadas por secuestro, y muchos con nexos comprobados con la mafia, el narcotráfico y las bacrim. Sí, actualmente esas personas están ejerciendo como policías.

Algo similar parece ocurrir en el Ejército Nacional, donde además de haber 900 casos de reintegros sospechosos, se ha denunciado la existencia de un cartel de abogados y jueces que interponen acciones para que militares obtengan ascensos sin merecerlos, y de otro que falsifica dictámenes médicos para presentar demandas contra el Estado y obtener indemnizaciones.

No hay mucho que pueda decirse al respecto: esta situación es indignante y va en contra de todo lo que la Fuerza Pública colombiana debe representar. El hecho de que lleven tantos años haciendo este tipo de prácticas sin ninguna sanción produce frustración y desazón. ¿Está al tanto la Policía de esto? ¿Por qué no ha hecho algo para evitarlo? ¿Y el Consejo Superior de la Judicatura por qué no ha actuado ante las denuncias? Una situación así no puede continuar. Las instituciones del Estado y el sistema judicial no pueden estar al servicio de unos cuantos granujas oportunistas. Exigimos respuestas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com

Parece que eliminar las "manzanas podridas” de la Policía Nacional no sólo es una tarea titánica, sino que además no es rentable. Una investigación de la revista Semana (“El carrusel de los reintegros”, 17/01) reveló que existe un cartel especializado en ganar demandas que terminan con el reintegro a la institución de uniformados que habían sido destituidos por malas conductas o la comisión de delitos. Peor aún, las sentencias les otorgan indemnizaciones millonarias y, como si fuese poco, exigen el ascenso de los policías una vez reintegrados. Las denuncias contra los involucrados no han prosperado y esta dinámica perversa amenaza con seguir agravando la crisis de confianza que atraviesa esa institución. Preocupa, además, que no parece haber suficientes acciones para solucionar el problema.

Las denuncias de corrupción por distintos motivos han manchado la imagen de la Policía Nacional, especialmente el año pasado. Además de los escándalos por interceptaciones ilegales a periodistas (que aún no sabemos quién las ordenó ni por qué), las denuncias sobre presiones indebidas en un caso que involucra al director, general Rodolfo Palomino, y los constantes casos de coimas indebidas (“en la carretera está la money pulpita”, dijo recientemente un alto oficial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía), entre 2013 y 2015 un total de 3.500 policías fueron retirados de la institución. Además, 1.600 uniformados fueron capturados por formar parte de bacrim o cometer otros delitos. Números escalofriantes, por decir lo menos.

Las purgas, no obstante, suelen ser el método más efectivo con el que la Policía busca sortear las polémicas. Cuando algo sucede, por lo general, se destituyen uniformados de inmediato, pese a que las cabezas de los hechos sigan en la impunidad. Por eso no deja de ser indignante que exista esta “puerta giratoria”, como le dicen los involucrados, que permite que los destituidos no sólo regresen a la institución, sino además le saquen provecho financiero.

La organización encargada de todo está conformada por varios tenientes coroneles y coroneles retirados hace más de una década por vínculos con narcotraficantes. También hay varios exoficiales y dos experiodistas. Ellos, a través de una red de contactos en la Policía, en juzgados, tribunales y hasta en el Consejo de Estado, ofrecen el servicio de presentar una denuncia que termina en el reintegro, una indemnización y un ascenso. A cambio, piden entre $100 y $300 millones, dependiendo del caso. Para quienes los contratan es una excelente inversión: las cifras de la indemnización promedian los $500 millones, y eso sin contar el hecho de recuperar su trabajo en una mejor posición salarial.

En los últimos diez años se han presentado más de 900 acciones de este tipo que han resultado positivas para los intereses corruptos. Cundinamarca (174), Meta (92), Santander (92), Valle (76) y Antioquia (69) son los tribunales del país con más reintegros, pero los tentáculos del cartel se extienden por todo el territorio nacional. ¿Y quiénes son los que vuelven a portar el uniforme? Personas condenadas por secuestro, y muchos con nexos comprobados con la mafia, el narcotráfico y las bacrim. Sí, actualmente esas personas están ejerciendo como policías.

Algo similar parece ocurrir en el Ejército Nacional, donde además de haber 900 casos de reintegros sospechosos, se ha denunciado la existencia de un cartel de abogados y jueces que interponen acciones para que militares obtengan ascensos sin merecerlos, y de otro que falsifica dictámenes médicos para presentar demandas contra el Estado y obtener indemnizaciones.

No hay mucho que pueda decirse al respecto: esta situación es indignante y va en contra de todo lo que la Fuerza Pública colombiana debe representar. El hecho de que lleven tantos años haciendo este tipo de prácticas sin ninguna sanción produce frustración y desazón. ¿Está al tanto la Policía de esto? ¿Por qué no ha hecho algo para evitarlo? ¿Y el Consejo Superior de la Judicatura por qué no ha actuado ante las denuncias? Una situación así no puede continuar. Las instituciones del Estado y el sistema judicial no pueden estar al servicio de unos cuantos granujas oportunistas. Exigimos respuestas.

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