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Abundan en el país señales que deben dar pie a una pausa en las mesas de negociación que adelanta el Gobierno con las Farc y el Eln. Si bien desde el principio la administración de Juan Manuel Santos ha mostrado un compromiso por defender los derechos de las víctimas del conflicto armado, el proceso de restitución de tierras, insignia de este esfuerzo y fruto de una lucha liderada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha sido entorpecida por múltiples obstáculos. El principal es la compleja relación entre los propietarios legítimos, los dineros ilícitos y aquellos que fueron desplazados.
Esta semana, Colombia tuvo un recordatorio de esa guerra que se libra lejos de los reflectores, allá donde los despojados se enfrentan a fuerzas perversas protegidas por una institucionalidad regional cómplice. El departamento del Magdalena, desde Chibolo hasta El Difícil, pasando por las Sabanas de San Ángel y Plato, fue epicentro del despojo de tierras por cuenta del paramilitarismo, en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Allí asesinaron a líderes sociales, desplazaron a más de mil familias campesinas, se apropiaron de sus tierras y desplegaron sus tentáculos hasta cooptar a la clase política y económica de la región. Por eso, la Unidad de Restitución de Tierras ha priorizado esta zona para la devolución de los predios. Pero algunos ganaderos y políticos se están oponiendo.
El procurador, Alejandro Ordóñez, se reunió con un grupo de ellos en Sabanas de San Ángel. Una pancarta colgada en el evento le da los términos al debate: “Gobierno Santos con Ley [de restitución de tierras] nos está despojando y desplazando forzosamente”. Entre los asistentes estaban personas con serios cuestionamientos penales.
Ahora, con seguridad, entre quienes se oponen hay personas que fueron segundos ocupantes de buena fe, lo que significa que tienen derechos que deben reconocerse. El problema es que esas reclamaciones válidas están siendo utilizadas por otros intereses como excusa para ejercer violencia. Según asociaciones de víctimas, los reclamantes están siendo amedrentados por hombres armados, y también se ha denunciado que en la región se habría creado un grupo antirrestitución supuestamente manejado por hombres de dudoso pasado, con apoyo de ganaderos y políticos. La situación es escalofriante.
Como suele ocurrir en estos casos, quienes pierden son los más vulnerables. Los ocupantes que tienen reparos a la restitución son, en palabras de Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, “gente pobre y en condición de vulnerabilidad”. También quienes la buscan, que fueron desplazados por la violencia. Pero detrás de todo están las redes de siempre de políticos y criminales que buscan seguir ejerciendo su poder y sabotear los procesos de reparación.
La apuesta principal del Gobierno en los procesos de paz es la de una justicia construida sobre la verdad y el restablecimiento de los derechos. Esta disputa está en el corazón de eso. Si los procesos que están en curso no pueden llevarse a buen puerto, cualquier posconflicto empezará cojeando, y el resentimiento, raíz de tanta violencia, seguirá vivo. ¿Qué medidas se tomarán para esclarecer la situación y evitar más persecuciones?
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