Guardadas en una bodega del Museo Etnológico de Berlín, reposan al menos 34 estatuas que son patrimonio colombiano. Su salida del país fue ilegal y Alemania lo sabe. Para inicios del siglo XX, en nuestro territorio regía un decreto de 1906 que prohibía el deterioro del patrimonio. Konrad Preuss —pionero alemán en la exploración de pueblos indígenas colombianos— conocía esa norma. Aun así, partió las estatuas, las rotuló como minerales y las sacó a escondidas del país. Toda esta operación quedó documentada en su propia correspondencia, la cual ha sido aportada por la embajada de Colombia en Alemania y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) a las autoridades culturales alemanas.
Alemania ha sido silenciosa con este tema. Sin embargo, en una investigación copublicada entre El Espectador y el periódico berlinés Die Tageszeitung, tuvimos acceso al expediente de esta comunicación bilateral. Berlín se rehúsa a devolver las piezas bajo el argumento de que no fueron adquiridas en un “contexto colonial” —categoría con la que la ley alemana reconoce compromisos de resarcimiento— y sostiene que la civilización que las esculpió hace más de mil años ya no existe. Ante las cartas que envió Colombia, la autoridad estatal a cargo del museo de Berlín pide más tiempo e información para reevaluar. ¿Cuánto es suficiente? ¿No es evidente la ilegalidad? Como alternativa, Alemania ha propuesto hacernos préstamos de largo plazo. Pero lo que verdaderamente se debate aquí es a quién corresponde la propiedad de los objetos, frente a lo cual nuestra Constitución establece de manera categórica que el patrimonio de la nación es inalienable: no se comparte.
Todo comenzó con la exigencia de repatriación de las estatuas hecha por los habitantes de San Agustín, que llegó a las esferas más altas del gobierno alemán. Para esto, se requirió un trabajo diplomático y técnico intenso desde la embajada, el ICANH, los ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores y la Presidencia misma. Este caso es un ejemplo de cómo gobiernos de orillas ideológicas opuestas pueden —y deben— construir sobre lo construido cuando se prioriza el interés nacional y se confía en la diplomacia técnica. Las primeras gestiones formales bajo la cancillería de Marta Lucía Ramírez se estructuraron de la mano de una diplomática de carrera: Yadir Salazar Mejía. Tras el cambio de gobierno, el presidente Gustavo Petro la nombró embajadora en Alemania. Desde allí, Salazar Mejía ha liderado una negociación que involucra directamente al Ministerio de Cultura alemán y que ya dio frutos, como la repatriación de dos máscaras sagradas del pueblo Kogui. Mientras este esfuerzo se daba, la entonces viceministra, Laura Gil Savastano, convirtió la repatriación en un pilar de nuestra política exterior. Según datos del ICANH, en los últimos cuatro años se han recuperado 1.194 bienes arqueológicos colombianos que estaban en otros países.
Del gobierno entrante de De la Espriella aún no conocemos pronunciamientos al respecto. Sin embargo, la continuidad no es opcional: en 2017, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le recordó al Estado que la Constitución lo obliga a proteger el patrimonio.
El trabajo de la diplomacia colombiana va mucho más allá del valor estético o material de los objetos: es un asunto de soberanía e identidad. Se trata de reconocer que estos objetos son testigos de lo que fuimos mucho antes de la llegada de los españoles y que ningún otro país tiene derecho a quitárnoslos. El saqueo de antigüedades no puede seguir amparándose en resquicios legales ni en el silencio de los museos europeos. Colombia ha hecho un trabajo riguroso para demostrar la verdad; le corresponde al nuevo gobierno sostener la firmeza que ha tenido nuestra diplomacia para exigir el retorno de lo que nos pertenece.
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