El Nuevo Liberalismo tiene que recuperar su personería jurídica. El partido político que en su momento estuvo liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, ambos asesinados en los peores años de los carteles de la droga en Colombia, no puede ser censurado con apelación a un tecnicismo. La realidad es clara para cualquier observador de la historia de la violencia en el país: el partido fue objeto de persecución, estigmatización y aniquilamiento. Su inexistencia no puede rastrearse a un hecho político puntual, como ha pretendido hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues sus líderes fueron silenciados. El proceso de paz prometió reparación a las víctimas y aumentar la representatividad política, la Corte Constitucional puede ahora cumplir ese mandato.
El debate sobre el Nuevo Liberalismo se resume en un solo hecho. Luis Carlos Galán Sarmiento, después de haber llegado a un acuerdo con el Partido Liberal, le solicitó al CNE la disolución de la colectividad. Esto, bajo el entendido de que la organización del entonces presidente Virgilio Barco iba a aprobar una serie de reformas que representaban los ideales defendidos por Galán y sus copartidarios. En efecto, el Consejo disolvió la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Pero la historia quedó trágicamente inconclusa con el asesinato de Galán unos pocos meses después y el incumplimiento de las promesas por parte del Partido Liberal.
El CNE, apoyado después por el Consejo de Estado, se negó al reconocimiento de la personería jurídica por ese hecho: su argumento es que el mismo Galán disolvió el partido. Pero esa lectura, que no tiene en cuenta los principios constitucionales dispuestos por el Acuerdo de Paz ni el contexto en el que se dio todo, termina siendo lesiva para las víctimas que están buscando la reparación de sus derechos políticos.
Hay dos motivos que nos parece que superan la decisión de Galán de haber disuelto el Nuevo Liberalismo en aquel entonces. El primero fue el aniquilamiento. Fueron varios los líderes políticos de la colectividad que se convirtieron en víctimas de la violencia de la época. Al igual que con la Unión Patriótica, a la que sí se le revivió la personería jurídica, ese tipo de hechos son los que pretende reparar el Acuerdo de Paz. Ahí, nos parece, hay razón suficiente para modificar la decisión del CNE.
La segunda razón es que el mismo Partido Liberal, en 2014, ofreció disculpas por el acuerdo fallido con el Nuevo Liberalismo y las responsabilidades que le corresponden dentro del asesinato de Galán. Es decir, ya hay un reconocimiento de que la disolución del partido se hizo en medio de un pacto que no llegó a buen puerto.
Por fortuna, la Corte Constitucional tiene la oportunidad de corregir este error histórico. El magistrado ponente de la tutela contra el CNE, Jorge Ibáñez Najar, ha dado concepto positivo. Los demás magistrados y magistradas deberían unirse, en una decisión contundente. Se trata de un reconocimiento de la importancia de darles voz a quienes fueron silenciados por la violencia y aun así le siguen apostando a la paz a través de la política. El Nuevo Liberalismo debe renacer como acto de reconciliación.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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El Nuevo Liberalismo tiene que recuperar su personería jurídica. El partido político que en su momento estuvo liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, ambos asesinados en los peores años de los carteles de la droga en Colombia, no puede ser censurado con apelación a un tecnicismo. La realidad es clara para cualquier observador de la historia de la violencia en el país: el partido fue objeto de persecución, estigmatización y aniquilamiento. Su inexistencia no puede rastrearse a un hecho político puntual, como ha pretendido hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues sus líderes fueron silenciados. El proceso de paz prometió reparación a las víctimas y aumentar la representatividad política, la Corte Constitucional puede ahora cumplir ese mandato.
El debate sobre el Nuevo Liberalismo se resume en un solo hecho. Luis Carlos Galán Sarmiento, después de haber llegado a un acuerdo con el Partido Liberal, le solicitó al CNE la disolución de la colectividad. Esto, bajo el entendido de que la organización del entonces presidente Virgilio Barco iba a aprobar una serie de reformas que representaban los ideales defendidos por Galán y sus copartidarios. En efecto, el Consejo disolvió la personería jurídica del Nuevo Liberalismo. Pero la historia quedó trágicamente inconclusa con el asesinato de Galán unos pocos meses después y el incumplimiento de las promesas por parte del Partido Liberal.
El CNE, apoyado después por el Consejo de Estado, se negó al reconocimiento de la personería jurídica por ese hecho: su argumento es que el mismo Galán disolvió el partido. Pero esa lectura, que no tiene en cuenta los principios constitucionales dispuestos por el Acuerdo de Paz ni el contexto en el que se dio todo, termina siendo lesiva para las víctimas que están buscando la reparación de sus derechos políticos.
Hay dos motivos que nos parece que superan la decisión de Galán de haber disuelto el Nuevo Liberalismo en aquel entonces. El primero fue el aniquilamiento. Fueron varios los líderes políticos de la colectividad que se convirtieron en víctimas de la violencia de la época. Al igual que con la Unión Patriótica, a la que sí se le revivió la personería jurídica, ese tipo de hechos son los que pretende reparar el Acuerdo de Paz. Ahí, nos parece, hay razón suficiente para modificar la decisión del CNE.
La segunda razón es que el mismo Partido Liberal, en 2014, ofreció disculpas por el acuerdo fallido con el Nuevo Liberalismo y las responsabilidades que le corresponden dentro del asesinato de Galán. Es decir, ya hay un reconocimiento de que la disolución del partido se hizo en medio de un pacto que no llegó a buen puerto.
Por fortuna, la Corte Constitucional tiene la oportunidad de corregir este error histórico. El magistrado ponente de la tutela contra el CNE, Jorge Ibáñez Najar, ha dado concepto positivo. Los demás magistrados y magistradas deberían unirse, en una decisión contundente. Se trata de un reconocimiento de la importancia de darles voz a quienes fueron silenciados por la violencia y aun así le siguen apostando a la paz a través de la política. El Nuevo Liberalismo debe renacer como acto de reconciliación.
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