La elección de Albert Ramdin, actual canciller de Surinam, como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es una buena noticia. Es la primera vez que un representante del Caribe asumirá esta importante posición. Ramdin, un diplomático experimentado que conoce muy bien la OEA, pues durante diez años fue su secretario general adjunto, fue elegido por aclamación. Contó con el apoyo unánime de los catorce países caribes, así como de los países progresistas de la región, entre ellos Colombia. Existe inquietud sobre el manejo que le dará a Venezuela, pues ha dicho que la difícil situación se resuelve con diálogo.
El nuevo secretario general tendrá que asumir una serie de retos que pondrán a prueba su habilidad diplomática y su conocimiento de la OEA. De los muchos temas que atiende, la promoción y el fortalecimiento de la democracia, así como los derechos humanos, son dos de sus cuatro pilares esenciales. Uno de sus presupuestos internos es el de mantener la unidad, en medio de la diversidad ideológica; cosa que no se ha logrado, en especial cuando se trata de defender instrumentos esenciales como la Carta Democrática Interamericana. Venezuela y Nicaragua, además de Cuba, han demostrado que se pueden instaurar dictaduras en las Américas a pesar de tener una organización que debería actuar con mayor efectividad y firmeza para impedirlo. Como bien lo dijo su primer secretario general, Alberto Lleras Camargo, la organización será lo que sus Estados miembros quieran que ella sea.
Es probable que Ramdin hubiera eludido en campaña el tema de Venezuela, pues varios países del Caribe, y la mayoría de los progresistas, comparten una visión similar al respecto. Para ellos este complejo asunto debe resolverse mediante el diálogo. Su adversario, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, sí había hecho pronunciamientos directos al respecto, expresando su deseo de trabajar por la democratización de nuestro país vecino. El abierto apoyo de Estados Unidos al paraguayo y el rechazo que hay en la mayoría de la región a las políticas del presidente Donald Trump obligaron a su país a retirar la aspiración, dejando el camino despejado al surinamés.
Además de los problemas políticos, la organización tiene grandes retos presupuestales. Fuera de un presupuesto menguado, pese a las muchas actividades que se desarrollan por mandato expreso de los 33 países que la integran, ahora se podrían afectar proyectos de cooperación técnica que son financiados en su totalidad con aportes externos. En el caso de Colombia, por citar algunos ejemplos, se encuentra desde 2004 la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAAP-OEA), que tiene una singular presencia en el terreno y ha logrado ganarse la confianza de los diversos actores armados. Una de sus recientes actividades fue la mediación para la devolución de los 29 policías y militares que habían sido secuestrados en El Plateado. La OEA también actúa a través de la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las misiones de observación electoral y los temas de desminado humanitario, entre otros.
Con la terminación de los proyectos que financia la administración Trump, el ente hemisférico ya resintió los primeros recortes, en especial en la CIDH, en temas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, lo que obligó a terminar varios contratos. Algo similar ha sucedido con los proyectos de USAID, pues, según se prevé, este tipo de medidas podrían ampliarse a otras áreas dentro de la OEA, atendiendo a la política que viene ejecutando Elon Musk. ¿Cómo conservará la OEA su relevancia en este panorama?
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