El oficio

Es la primera vez que tantos periodistas —más de 600— se prestan para ser sujetos de una encuesta que demuestra que el oficio de periodista en Colombia no es fácil, en unos casos, ni bien remunerado en casi todos.

Algunos datos importantes, respecto del segundo punto, son los siguientes: menos de la mitad de los encuestados (el 43%) está en la nómina, con lo que esto implica en términos laborales y de otros derechos que vienen por añadidura; el 25% es contratado bajo prestación de servicios y el restante está en otras modalidades. Es triste ver estas cifras, ya que implica que la misma profesión que alentamos, es en muchas ocasiones vista como algo que, sin duda, no constituye un contrato laboral. Pero incluso quienes están formalizados tienen un bajo incentivo salarial, ya que algunos periodistas (¡el 70%!) ganan menos de cinco salarios mínimos, con todo y que casi la mitad de ellos tienen títulos que exceden el mero pregrado.

Si bien esto es preocupante —y cada medio deberá realizar su propia reflexión al respecto—, lo que llama mucho más la atención de este estudio es el acceso a la información y libertad de expresión.

Si bien los casos que denunciamos los medios acerca de estos dos derechos casi siempre se presentan de manera aislada (caso por caso), es importante un estudio de esta clase, ya que ayuda a brindar una muestra representativa del panorama general. Es casi una respuesta a la vieja pregunta de “¿cómo se hace periodismo en el país?”. El primer dato que prende las alarmas es el relativo al acceso a la información: al mejor estilo de una comedia, los funcionarios públicos manejan la información como un privilegio y no como un derecho ciudadano. Para uno de cada cuatro encuestados, la información nunca se obtiene de forma oportuna.

Las autoridades, según el 39% de los casos encuestados, exigen —irregularmente, valga decirlo— saber para qué se desea algún tipo de información. Preguntan, inquieren, necesitan conocer los motivos que un periodista tiene para acceder a hechos que no son conocidos por el público general. Absurdo. Asimismo, las noticias que pisan los callos de los poderosos son muy pocas: el periodismo investigativo (así como sus métodos y vías legales para ejercerlo) se está perdiendo en Colombia. Lo que es, para el país, una pérdida mayor.

La violencia, en específico el conflicto armado, con todas sus aristas y grupos criminales que se multiplican con el paso de los días, también calla al periodismo, sobre todo en regiones como el Pacífico, el Valle y Antioquia. Esto se sabe. Lo verdaderamente impactante, sin embargo, es saber que los encuestados perciben que la Fuerza Pública ejerce un amedrentamiento parecido (si no igual) que los grupos al margen de la ley.

Vale la pena, entonces, que el Gobierno no descuide estudios tan oportunos como éste. Y que diseñe, de una buena vez, una ley estatutaria (que condense tanta legislación dispar) que regule el sector y que haya un organismo que se encargue de vigilarla. Pese a que no somos partidarios de apoyar siempre la expedición de leyes para solucionar problemas, en Colombia sí hay un claro vacío legislativo en torno a esta materia. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA ha propuesto esto varias veces y en ciertos países del hemisferio ha tenido un relativo éxito.

Sin un periodismo libre y transparente, una sociedad democrática no tiene futuro.