Dentro de todas las buenas noticias para el país que trajo consigo el pacto entre el Gobierno Nacional y el sector financiero para dar créditos a sectores de la economía que necesitan un empujón, quizá la más importante sea su implicación política: se atisba la posibilidad viva todavía de un país distinto con base en el diálogo y no la confrontación. Es una lección que la administración de Gustavo Petro ha podido aprender una y otra vez, al encontrar que sí hay personas dispuestas a trabajar con la Casa de Nariño, a pesar de profundas diferencias ideológicas, pero que el mismo mandatario suele desechar cada tanto con sus trinos hostiles y sus discursos estigmatizantes. En lo que quizá sea una pieza esencial de sus logros económicos, el Gobierno aleja la amenaza de las inversiones forzosas y promueve la concertación.
El pacto era inesperado por el tono del debate nacional. El país estaba en medio de una fuerte conversación sobre la opción planteada por el Gobierno de las inversiones forzosas. De un lado, un sector de la oposición, ya acostumbrado a la falta de matices y a utilizar argumentos deshonestos, decía que se trataba de expropiaciones y básicamente de una dictadura. No era así. Sin embargo, del otro lado, el Gobierno argumentaba su intervención en el mercado privado de crédito con alta dosis de hostilidad, sin mayor consideración por la autonomía del sector financiero y con la idea subyacente de que la Casa de Nariño sabe mejor que los privados cómo invertir el dinero. Se trataba, en síntesis, de una oportunidad más para la polarización, la radicalización y para jugar con la confianza inversionista.
En ese contexto, el acuerdo entre el sector financiero y el Gobierno ofrece un marcado contraste. Pasaron de ser aparentes enemigos a trabajar juntos. No fue sencillo: tardaron 19 largas reuniones para encontrar un lenguaje común y poder definir una hoja de ruta. Empero, el resultado es positivo. Se trata de $55 billones en créditos que irán a sectores que necesitan el empujón para reactivarse y que no necesariamente obtienen fácil acceso al sistema bancario. Si a eso se le suman los créditos para sectores tradicionales que ya están programados, como manufactura, la industria y la vivienda, en total se habla de $249 billones en créditos en el corto plazo. Es decir, es un gran esfuerzo natural por meterle cadena a la economía, muy necesario después de años de ralentización.
El Gobierno puede sacar pecho, por ejemplo, de que el sector de economía popular pasará de recibir $700.000 millones en créditos a unos $4,1 billones. El sector agropecuario pasará de $26,1 billones a $32,1 billones y el turismo de $6,8 billones a $8,4 billones, dos sectores claves para la propuesta de diversificación de la administración Petro. Esto es lo más llamativo del acuerdo: es una buena idea económica. Utilizar el sector financiero, con sus reglas, su capacidad de vigilancia y su liquidez, para impulsar los créditos de los colombianos, puede ayudar a fomentar la inversión. Tiene razón Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, al decir que “son sectores que logran convertir inversiones en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, por lo tanto, en empleo”. Es esperable que así sea.
Entonces, con un buen diagnóstico de las necesidades del país y con disposición a entablar relaciones productivas con el sector privado, el gobierno Petro se acaba de anotar un triunfo importante. Si esto viene acompañado, como se espera, de la reducción de tasas por parte del Banco de la República, hay buenos vientos para la economía colombiana. Todo eso sin necesidad de confrontaciones tuiteras.
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