Tan loable propósito, pasados 18 años, en vez de haberse cumplido, hoy suscita grandes inquietudes y preocupaciones, porque la justicia no es más eficaz y, lo que es peor, está atrapada por las querellas de la política partidista.
Una de las principales críticas formuladas a la Sala Disciplinaria es que, por cuenta de una forzada interpretación, se ha convertido en un juez de tutela que, curiosamente, termina restableciendo los derechos de personas que de una u otra manera tienen que ver con la política. Cuando al Consejo de la Judicatura se le asignó la función disciplinaria frente a funcionarios y abogados, tal competencia no incluyó el conocimiento de la acción de tutela, que por sí y ante sí, los magistrados decidieron autodecretarse tejiendo una jurisprudencia que sólo ellos defienden.
El resultado desastroso está a la vista, pues la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura es un fortín político, al que se llega más por las vinculaciones con el Gobierno y las bancadas oficialistas, que por el reconocimiento personal y académico. La circunstancia de que los siete magistrados de esta Sala sean designados por el Congreso, de ternas conformadas por el Gobierno, ha generado que los cargos que fueron diseñados para ser desempeñados por juristas de renombre y a salvo de dudas, hoy los ejerzan personas que están lejos de reunir esas condiciones de idoneidad y credibilidad, como lo comentamos en pasado editorial. Algunos de los actuales magistrados han tenido que enfrentar escándalos de diverso orden, lo cual no pesó en el Congreso a la hora de nombrarlos.
Un cuerpo colegiado de administración de justicia integrado por personajes del mundo de la política no es el llamado a fallar tutelas, como las que curiosamente llegan a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, al parecer porque en ese escenario los interesados esperan el trato preferencial que no tendrían en otros despachos autónomos e independientes.
De otro lado, la crisis del Consejo de la Judicatura también ha tocado a la Sala Administrativa, porque en la maraña de estadísticas, los resultados de la administración de justicia siguen siendo precarios. El ciudadano del común, también el empresario y el inversionista extranjero, se enfrentan a una justicia morosa o invadida por la corrupción, peligroso mal que tiene muchas causas, pero principalmente el sistema de administración de la Rama Judicial. La Sala Administrativa tampoco ha sido ajena a los escándalos de algunos de sus magistrados.
El Estado colombiano ha invertido cuantiosas sumas en la administración de justicia, incluyendo el mejoramiento de los edificios donde funcionan los despachos, como también de los salarios y prestaciones de los servidores, pero el beneficio sigue siendo exiguo, por decir lo menos. Está bien que el erario se preocupe por los hombres y lugares de la justicia, pero también la ciudadanía espera recibir a cambio una justicia pronta, recta y eficaz.
El presidente Álvaro Uribe no ha cumplido su promesa electoral de abolir el Consejo de la Judicatura, ni ha propiciado correctivos para que la justicia siga siendo independiente y autónoma, pero sobre todo eficaz y transparente. Por el contrario, la influencia del Gobierno en la designación de los magistrados se ha hecho sentir, con gravosas consecuencias.
Llegó la hora de revisar a profundidad el papel del Consejo Superior de la Judicatura en la justicia y en la sociedad colombiana. Es preciso diseñar mecanismos diferentes, menos costosos, ajenos a la politiquería. Esa tarea no debe ser obra del solo esfuerzo del Gobierno, ni siquiera de la recientemente integrada Comisión de ex presidentes de la Corte Suprema, sino de todos los partidos, incluidos los de oposición, la academia, la comunidad de jueces y abogados.
Por El Espectador
