El paro en Segovia y Remedios

Las vías de hecho deben deplorarse y más la infiltración de las mafias que controlan el negocio ilegal. Pero los reclamos de los pobladores no pueden caer en saco roto. / Foto: Archivo El Espectador

Es difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia. El paro convocado hace más de un mes se tornó violento y, entre sus consecuencias, se ha obstaculizado el acceso libre de la prensa, lo que dificulta confrontar las versiones. Por eso hay dos narrativas encontradas: la de los gobiernos nacional y antioqueño, que denuncian la infiltración de actores ilegales para proteger sus intereses en la zona, y la de organismos que denuncian abusos de las autoridades y estigmatización de los manifestantes. En el corazón de todo está el delicado tema de la minería ilegal y las maneras que se está buscando emplear para controlarlo.

Originalmente, el paro empezó el 21 de julio para pedir que se respete la minería tradicional. Los municipios en cuestión han sido hogar de la extracción de oro de manera artesanal por unos 200 años. El presidente de la Mesa Minera de Remedios y Segovia, Eliober Castañeda, dijo que “no vamos a levantar la manifestación hasta que tengamos la garantía de que el Gobierno en el futuro no va a venir a exterminar toda nuestra cadena productiva”. Lo que se pide, puntualmente, es la existencia de contratos justos para los pobladores y que se respeten sus prácticas de extracción, las cuales ven amenazadas por las grandes mineras.

Sin embargo, desde que empezó el paro no ha habido día sin que se reporten choques entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los mineros. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), la protesta ha limitado el acceso a alimentos y la movilidad de unas 5.500 familias, 200 de ellas indígenas. Además, los enfrentamientos, dice la OCHA, “ya dejan tres personas muertas (entre ellas un menor de edad) y varias personas heridas en zona rural (otra menor de edad)”.

Por su parte, las autoridades insisten en que están comprometidas con la formalización de los trabajadores, pero que en este caso estamos ante un “paro armado” infiltrado por actores que quieren proteger la minería ilegal de la zona. Sobre lo primero, el ministro de Minas, Germán Arce, dijo que en los últimos años más de 4.000 mineros se han formalizado y 36 minas ahora cumplen los estándares ambientales y de seguridad que exige la ley. Sobre lo segundo, que “hay una presencia de actores ilegales que hace que la discusión no sea a blanco y negro”.

Sin embargo, en respuesta, la comisión de verificación en Segovia rechazó el “tratamiento militar y de guerra que se le está dando a la protesta”. La Procuraduría también se pronunció pidiendo que no se estigmatice a los manifestantes.

La situación, además de compleja, ha tomado tintes de violencia. Las víctimas mencionadas se produjeron en medio de una explosión. Y también es muy conocida en la zona la influencia de actores ilegales que pujan contra la formalización de la minería.

Lo que no puede caer en saco roto son los reclamos de los pobladores. No se puede soslayar que las regiones quieren tener garantías verdaderas de que su bienestar se va a proteger con los proyectos de extracción. Por supuesto, las vías de hecho deben deplorarse y tanto más la infiltración de las mafias que controlan el negocio ilegal del oro. Los mismos manifestantes deben rechazar esa injerencia. Apoyamos el proceso de formalización y, cuando la situación se tranquilice, debe haber una rendición de cuentas con transparencia para ver si las autoridades actuaron como debían.

 

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