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El Gobierno Nacional decidió adoptar una mala política fiscal a cambio de que los transportadores levantaran un paro que tenía asfixiado al país. Hizo lo necesario, pues ante la posición inamovible de los gremios que bloquearon las vías de 19 departamentos urgía tomar medidas. Empero, es necesario que ahora se trabaje con las bases de los camioneros y se cumplan las promesas para que, el año entrante, pueda volver a ponerse sobre la mesa una realidad inamovible: es necesario cerrar del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El gobierno de Gustavo Petro cometió varios errores ante el primer paro que enfrenta, similares a los que se vieron en gobiernos pasados. Por momentos, el mandatario y su gabinete sonaban confundidos. Parecía irreconciliable una movilización popular con el primer gobierno de izquierda, y por eso la respuesta fue la estigmatización. En su extraña alocución al país, el presidente Petro comenzó: “Sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial —en inglés se llama lockout—, (que) siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos, de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en el gobierno pasado”. Más allá de la pregunta obvia (¿acaso los empresarios no son parte del país ni pueden manifestarse como el resto de colombianos?), había un desfase con la realidad pues muchos de quienes protestaban eran pequeños propietarios de camiones. La nutrida movilización popular no se solucionaba con prejuicios y diciendo que se trataba de una conspiración.
Ahora, es cierto que las raíces de la protesta estaban equivocadas. Es insostenible mantener el subsidio del FEPC al diésel. Colombia no puede gastarse decenas de billones de pesos cada año, una cifra monumental y difícil de concebir, en mantener los precios de los combustibles abajo. Como contó una nota de análisis de El Espectador, en 2022, el déficit del FEPC fue de $36,7 billones ($20 billones correspondían a diésel), y en 2023 fue de $20 billones ($15,2 billones por el diésel). Hay quienes dicen que no se trata de un subsidio porque el diésel lo produce Ecopetrol, pero ese es un espejismo. Todo lo que no se venda a precios internacionales es dinero que le deja de entrar a la empresa y, por ende, a las finanzas del Estado. Alguien termina pagándolo y ese alguien somos los colombianos a través de nuestros impuestos. Con el Gobierno Nacional buscando con desespero $12 billones que le faltan para financiar el presupuesto del año entrante, la pregunta responsable es: ¿de verdad queremos seguir gastando tanto dinero en combustible?
Por eso el acuerdo es una pésima medida. El Gobierno aceptó subir solo $800 el precio del ACPM, $400 inmediatamente y el resto en diciembre. Eso quiere decir que, según cálculos de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el FEPC seguirá con un déficit de $8,9 billones cada año. Lo que influye directamente en las capacidades de inversión del Estado y su funcionamiento.
¿Qué sigue? Cumplir en las promesas de empoderamiento a los pequeños transportadores, liderar una discusión sobre la tasación justa de los fletes y, sí, insistir en el aumento del diésel. Necesitamos cerrar el déficit, no solo con el aumento original que ocasionaron las protestas, sino con los $6.000 que está actualmente desfasado. La responsabilidad fiscal no se puede abandonar al primer bloqueo.
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