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El candidato presidencial por Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, hizo unas declaraciones irresponsables, violentas y falaces que demuestran un preocupante talante autoritario incapaz de respetar la libertad de prensa y de reconocer la importancia de la sana vigilancia al poder. Al reaccionar al trabajo conjunto de Colombia+20 de El Espectador, Cambio y Vorágine sobre los inquietantes cuestionamientos que dejan los relatos de la comunidad de Alto Remanso, en Putumayo, tras la operación militar que terminó con la vida de civiles, Gómez nos tildó a los medios de comunicación de “asumir las banderas del narcotráfico”. No solo se trata de una ofensa a nuestro trabajo y a nuestra historia, sino de una estigmatización peligrosa e irresponsable que pone en riesgo la vida de los periodistas que participaron en la investigación. ¿Nos está notificando que de ser elegido liderará un gobierno censurador y violador de los derechos fundamentales?
Primero en W Radio y luego en su cuenta de Twitter, el candidato presidencial dijo que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en desmérito de las poblaciones más vulnerables del país” y que no vio a Alfredo Molano Jimeno, periodista de Cambio y columnista de El Espectador, “hablando sobre la esclavitud cocalera en Putumayo”. Esa es una desinformación pasmosa. Lo que al candidato le parece un apoyo al narcotráfico es, en realidad, ir al territorio, hablar con los pobladores, retomar sus justas preguntas y contrastarlas con la versión oficial. De eso se trata el periodismo, no de retomar los comunicados oficiales y reproducirlos sin más. ¿Cómo es eso un acto reprochable? ¿En qué momento estamos construyendo alianzas discursivas con los grupos armados? ¿O es que acaso Gómez considera que las poblaciones que se encuentran en medio del conflicto pierden el derecho a ser escuchadas por no poder sacudirse de los grupos armados al margen de la ley?
De manera grandilocuente, Gómez dice que “los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas”. Verdad de Perogrullo: ¿en qué momento los medios que publicamos la información estamos pidiendo reemplazar las labores de los operadores judiciales? ¿Acaso, además, la “verdad judicial” es el único discurso que se permite en Colombia? De ser afirmativa la respuesta a esa última pregunta, Gómez estaría pidiendo una suplantación de la Constitución, en particular del artículo 20 y toda la jurisprudencia que lo protege.
Como escribió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en sus críticas a Gómez, los señalamientos del candidato “son altamente irresponsables, ya que ponen en peligro la integridad de los y las periodistas que trabajan en los medios a los que él hace referencia, pues muchos de ellos realizan reportería en zonas de riesgo, en donde hay presencia de diferentes grupos armados”. Añadimos una consideración: ¿cómo pretende proteger y representar a todos los colombianos si desde la campaña estigmatiza a quienes vigilan los abusos del poder?
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