El persistente problema de los derechos humanos

A pesar de innegables avances en la dirección correcta durante los últimos años y de un cambio significativo y positivo en el discurso oficial frente a ellos con el gobierno del presidente Santos, la cosa no pinta tan bien en la práctica, en especial ante los ojos del mundo.

Así lo demuestra, por ejemplo, el informe mundial (2011) sobre derechos humanos que presentó el gobierno de Estados Unidos esta semana: discriminación social, un precario sistema judicial y corrupción. Aparte, se suma de manera deshonrosa el hecho de los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el hacinamiento en las cárceles, así como el acoso a activistas y defensores de derechos humanos. Colombia, lo hemos dicho, no es un lugar apto para ser defensor de derechos. A quienes lo hacen los matan o secuestran o amenazan sin ningún tipo de vergüenza. Así lo han informado varias organizaciones y ahora, nuevamente, una serie de informes, recomendaciones y cartas de apoyo.

El Gobierno salió a defender su gestión y lo hizo a través de la canciller María Ángela Holguín, quien tildó de injusto el informe estadounidense. Dijo en una entrevista que en estos informes hay una especie de injusticia, ya que no se reconoce el esfuerzo que se ha hecho en la materia. Sin embargo, esa afirmación no es tan acertada: si algo han hecho este informe, y también el de Amnistía Internacional, es rescatar el cambio que hubo en el nuevo gobierno y su compromiso con el tema. El informe de Amnistía Internacional, además, aplaude la iniciativa de reconocer los derechos de las víctimas, en especial, la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Los informes, más que vistos bajo la premisa de que constituyen una mala o buena imagen (para falsear o aplaudir, en una cómoda actitud frente a sus resultados), deben aprovecharse, más bien, como una ventana de oportunidad: son un diagnóstico, un mapa al cual seguirle el rastro. Sirven, cómo no, para emprender políticas públicas enfocadas a los principales problemas que denuncian. Los gobiernos deberían acogerlos y comenzar a trazar una ruta para que finalmente digan algo distinto.

Por ahora, si bien reconocen avances, los informes se repiten y esto es preocupante. Es asimismo llamativo el hecho de que un grupo de congresistas estadounidenses enviara una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, diciéndole —con gran alarma, aseguran— de la serie de hechos que se han sucedido contra los defensores de los derechos humanos en nuestro país: amenazas a líderes sindicales en Buenaventura; el asesinato de Daniel Aguirre, el 27 de abril, por hacer negociaciones para ayudar a unos trabajadores a integrarse al régimen laboral; declaración como “objetivos militares” por parte de las llamadas bacrim, entre otros. Los congresistas están preocupados porque Colombia no pueda cumplir con algunas exigencias del tratado de libre comercio y llaman la atención a Obama para que trabaje con Santos en la protección de los derechos de los trabajadores.

Todas estas advertencias llegan al tiempo que nos enteramos de la muerte y los cuatro heridos que dejó un grupo armado ilegal en Cali. El atentado iba encaminado a Adolfo Devia Paz, vicepresidente de un sindicato.

Los derechos humanos no son un arma de algún opositor para generar polarización y falta de consensos al interior de una Nación, ni mucho menos. Sus defensores deben ser respetados como lo que son: un contrapeso importante de los gobiernos. No se puede avanzar cuando situaciones como éstas se siguen presentando. Nadie niega los avances, pero no es sano conformarse con ellos cuando es tanto lo que falta por hacer. Focalizar el debate en torno al asunto, en vez de falsear sus términos, debe ser tarea prioritaria del gobierno de Colombia en estos momentos.