La decisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de flexibilizar las restricciones al porte de armas legales en Colombia parte de una preocupación válida, pero se trata de una decisión que genera más riesgos de los que evita. Desde la administración de Juan Manuel Santos, todos los presidentes que pasaron por la Casa de Nariño vieron la utilidad de prohibir el porte de armas legales porque reconocieron que es un factor que hace más complejas las situaciones de violencia y el actuar de las autoridades. Aunque muchas personas celebraron la medida del nuevo mandatario, es importante que tengamos un seguimiento juicioso a sus efectos y que el debate sobre volver a la prohibición no quede cerrado del todo.
El presidente De la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña. Con el Decreto 1368 de 2026, derogó el Decreto 1482 del año pasado que suspendía por un año el porte de armas a nivel nacional. Con esta medida, en la práctica lo que hace es que las cerca de 700.000 armas con salvoconducto que hay en el país puedan ser portadas por particulares. Se siguen aplicando las regulaciones que exige la ley para entregar armas legalmente, pero volvemos a una situación que no ocurría desde 2015. La noticia fue recibida con franco entusiasmo por muchas personas. La página de la Industria Militar de Colombia (Indumil), que tramita la compra de armas, colapsó por el tráfico que vino después del anuncio presidencial.
“Entre el primero de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, dijo el presidente De la Espriella, explicando que “ya era hora de devolverles la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien de que se puedan defender”. Jaime Arizabaleta, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo que “no hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”. El argumento principal a favor de esta decisión es, en esencia, uno de derecho a la defensa: ante el aumento de los actos criminales, tener más actores privados con armas es aumentar la posibilidad de una respuesta legal.
Sin embargo, nos parece que esa lógica cae en varias trampas que le hacen daño a Colombia. Para empezar, reconoce que el Estado colombiano no ha sido capaz de proteger a todos los ciudadanos y abandona el monopolio de la fuerza bajo el entendido de que los “ciudadanos de bien” sabrán usar adecuadamente las armas. En un país con una larga historia de violencia, nos permitimos dudar de la efectividad de la medida. Como escriben los expertos en el tema Andrés Macías y Katherine Aguirre para La Silla Vacía, “hay evidencia que sugiere que ciertas restricciones al porte de armas en los años 90 se relacionan con una disminución del 14 % de los homicidios en Bogotá y Cali. Otros estudios en Estados Unidos señalan que los diez estados con el marco regulatorio más débil en materia de restricción de armas tienen un nivel agregado de violencia tres veces más alto que los diez estados con el marco regulatorio más estricto y con un marco legal claro”.
El porte legal dificulta la labor de las autoridades, pues al ver un arma tienen, primero, que verificar si cuenta con su debido salvoconducto antes de intervenir. Más allá del argumento de política pública en seguridad, nos parece que no se puede desconocer una realidad de la naturaleza humana: las personas tienden a recurrir a métodos violentos para solucionar sus disputas cuando hay momentos de tensión y no hay salvaguardas que se lo impidan. Llenar a Colombia de más armas es echarle gasolina a un fuego que lleva mucho tiempo encendido.
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