El precio del deber

Guatemala vive una crisis institucional. La ONU, a petición del Gobierno, creó en 2007 una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), con el acierto de nombrar como su jefe a Iván Velásquez, destacado jurista colombiano. El presidente Jimmy Morales, en un acto propio de quien teme lo peor, declaró a Velásquez persona non grata y pidió expulsarlo del país. El motivo: que el magistrado anticorrupción pidió levantar la inmunidad a Morales para investigar la financiación de su campaña.

El escándalo ha llevado a miles de manifestantes a protestar contra la medida en Ciudad de Guatemala y otras ciudades del país. La Corte Constitucional se pronunció en apoyo de Velásquez para impedir que se materializara la decisión, y la fiscal general, Thelma Aldana, así como diferentes organizaciones sociales, han respaldado la labor que ha desempeñado el juez. Morales, quien había viajado el viernes anterior a Nueva York para pedirle infructuosamente al secretario general de la ONU, António Guterres, la destitución de Velásquez, cesó en sus funciones al canciller y al vicecanciller por oponerse a ejecutar la orden de expulsión del país. El domingo, a pesar de la decisión del Constitucional y de la presión en la calle, el mandatario se ratificó en su decisión, alegando que no se trataba de caprichos personales, sino de defender los intereses del país.

¿Qué hizo Iván Velásquez para estar en el centro de esta tormenta? La respuesta es sencilla: cumplir con el deber para el cual fue elegido por la ONU. El mismo que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional por su intachable labor. Gracias a las contundentes denuncias de corrupción contra el anterior presidente guatemalteco, Otto Pérez, éste se vio obligado a renunciar en medio de un gigantesco escándalo. En ese momento, y gracias a las protestas en la calle, se produjo un amplio movimiento social en contra de los partidos políticos que habían cohonestado los hechos y de buena parte de la clase política que se beneficiaba de dichos delitos en una red mafiosa que se aprovechaba del servicio de aduanas para lucrarse ilícitamente.

Este hecho llevó a que en las pasadas elecciones se impusiera un popular cómico, Jimmy Morales, bajo la bandera de la antipolítica y la lucha frontal contra la corrupción. En principio hubo un normal entendimiento entre Morales y Velásquez. Sin embargo, la relación se deterioró hace unos meses cuando el juez y la fiscal denunciaron a un hijo y al hermano del jefe de Estado por estafar a Hacienda. La estocada final vino la semana anterior con la petición del levantamiento del fuero presidencial. El mandatario, que había generado grandes expectativas, ha caído en barrena en las encuestas y ahora debe enfrentar una crisis al ser señalado de participar en aquello que prometió combatir desde el primer día de su gobierno.

La mejor carta de presentación que tiene Velásquez es una hoja de vida limpia y su indeclinable voluntad de hacer respetar la ley, cueste lo que cueste, como le corresponde a todo juez. En Colombia dejó su impronta, por la manera como asumió la investigación, durante el gobierno anterior, por la vinculación de un alto número de parlamentarios con grupos paramilitares.

Ahora, el senador Álvaro Uribe Vélez dice que es “comprensible la decisión de Guatemala de expulsar a Iván Velásquez acusado de ofrecer dádivas a presos para acusar a inocentes”. Infortunado trino del expresidente, que va en contravía de lo expresado por las autoridades judiciales, la fiscal general, la opinión pública guatemalteca, el secretario general de la ONU, los gobiernos de EE. UU. y Alemania, principales donantes en Guatemala, así como la Unión Europea, que no han dudado en respaldar a Velásquez.

La única forma de combatir el cáncer de la corrupción en cualquier país, comenzando por Colombia, es la de agarrar el toro por los cuernos y no doblegarse hasta que se haga justicia con los responsables de este delito.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Guatemala vive una crisis institucional. La ONU, a petición del Gobierno, creó en 2007 una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), con el acierto de nombrar como su jefe a Iván Velásquez, destacado jurista colombiano. El presidente Jimmy Morales, en un acto propio de quien teme lo peor, declaró a Velásquez persona non grata y pidió expulsarlo del país. El motivo: que el magistrado anticorrupción pidió levantar la inmunidad a Morales para investigar la financiación de su campaña.

El escándalo ha llevado a miles de manifestantes a protestar contra la medida en Ciudad de Guatemala y otras ciudades del país. La Corte Constitucional se pronunció en apoyo de Velásquez para impedir que se materializara la decisión, y la fiscal general, Thelma Aldana, así como diferentes organizaciones sociales, han respaldado la labor que ha desempeñado el juez. Morales, quien había viajado el viernes anterior a Nueva York para pedirle infructuosamente al secretario general de la ONU, António Guterres, la destitución de Velásquez, cesó en sus funciones al canciller y al vicecanciller por oponerse a ejecutar la orden de expulsión del país. El domingo, a pesar de la decisión del Constitucional y de la presión en la calle, el mandatario se ratificó en su decisión, alegando que no se trataba de caprichos personales, sino de defender los intereses del país.

¿Qué hizo Iván Velásquez para estar en el centro de esta tormenta? La respuesta es sencilla: cumplir con el deber para el cual fue elegido por la ONU. El mismo que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional por su intachable labor. Gracias a las contundentes denuncias de corrupción contra el anterior presidente guatemalteco, Otto Pérez, éste se vio obligado a renunciar en medio de un gigantesco escándalo. En ese momento, y gracias a las protestas en la calle, se produjo un amplio movimiento social en contra de los partidos políticos que habían cohonestado los hechos y de buena parte de la clase política que se beneficiaba de dichos delitos en una red mafiosa que se aprovechaba del servicio de aduanas para lucrarse ilícitamente.

Este hecho llevó a que en las pasadas elecciones se impusiera un popular cómico, Jimmy Morales, bajo la bandera de la antipolítica y la lucha frontal contra la corrupción. En principio hubo un normal entendimiento entre Morales y Velásquez. Sin embargo, la relación se deterioró hace unos meses cuando el juez y la fiscal denunciaron a un hijo y al hermano del jefe de Estado por estafar a Hacienda. La estocada final vino la semana anterior con la petición del levantamiento del fuero presidencial. El mandatario, que había generado grandes expectativas, ha caído en barrena en las encuestas y ahora debe enfrentar una crisis al ser señalado de participar en aquello que prometió combatir desde el primer día de su gobierno.

La mejor carta de presentación que tiene Velásquez es una hoja de vida limpia y su indeclinable voluntad de hacer respetar la ley, cueste lo que cueste, como le corresponde a todo juez. En Colombia dejó su impronta, por la manera como asumió la investigación, durante el gobierno anterior, por la vinculación de un alto número de parlamentarios con grupos paramilitares.

Ahora, el senador Álvaro Uribe Vélez dice que es “comprensible la decisión de Guatemala de expulsar a Iván Velásquez acusado de ofrecer dádivas a presos para acusar a inocentes”. Infortunado trino del expresidente, que va en contravía de lo expresado por las autoridades judiciales, la fiscal general, la opinión pública guatemalteca, el secretario general de la ONU, los gobiernos de EE. UU. y Alemania, principales donantes en Guatemala, así como la Unión Europea, que no han dudado en respaldar a Velásquez.

La única forma de combatir el cáncer de la corrupción en cualquier país, comenzando por Colombia, es la de agarrar el toro por los cuernos y no doblegarse hasta que se haga justicia con los responsables de este delito.

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