Seis personas gais han sido asesinadas en los últimos tres meses en Medellín y es angustiante que parece existir un patrón para sus muertes, lo que lleva a pensar en crímenes por prejuicios. Igual de preocupante es que la Fiscalía ha oscilado entre la indiferencia y los anuncios de acciones ineficientes, mientras que todo el sistema judicial colombiano adolece de los mecanismos apropiados y la capacitación necesaria para aplicar el enfoque diferencial en casos que involucran a lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT). El resultado es que la discriminación como móvil particular de la violencia contra esta población no se analiza ni se utiliza en el procesamiento de los casos, lo que no permite ver la sistematicidad de lo que ocurre ni adoptar acciones diferenciadas y oportunas.
Osvaldo Botero (45 años), Juan David López (31 años), Gustavo Arango Jaramillo (52 años), Sahmir Javier González (38 años), Juan Daniel Bedoya (30 años) y Hernán Macías (28 años) fueron encontrados muertos, en sus casas o en hoteles, con señales de golpes, de asfixia y en algunas ocasiones amarrados. Nos unimos al dolor de sus familias, sus parejas y sus amigos, así como a la voz del movimiento LGBT colombiano que, al unísono, ha rechazado lo ocurrido y exigido que las autoridades entiendan el problema a partir de su sistematicidad.
Las pistas están ahí. Según los datos que Colombia Diversa viene recogiendo entre 2014 y 2020, se registraron 352 gais víctimas de homicidio. “Muchos de ellos”, dice la organización, “encajan en el patrón de violencia por prejuicio, y es que son apuñalados en múltiples ocasiones o asesinados en sus viviendas por personas que instrumentalizaron su orientación sexual para atacarlos”. Por eso los casos que ocurren en Medellín traen los ecos de heridas todavía abiertas por la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades por entender cómo el odio y el prejuicio son generadores de violencia.
Por ejemplo, hablando con El Espectador, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, recuerda el asesinato del activista Guillermo Garzón, quien fue encontrado en su vivienda atado y con signos de tortura. “En el caso de Guillermo”, señala Sánchez, “se descubrió que se trataba de una banda que se dedicaba a contactar a hombres gais, a los que llevaban a sus casas, los robaban y los terminaban asesinando. Esa fue la primera condena en la que un juez aplicó como motivante la discriminación”.
De manera tardía, la Fiscalía expidió un comunicado refiriéndose a los casos. La Alcaldía de Medellín ya viene ofreciendo mayores recompensas por información sobre los agresores y recordando que tiene líneas de atención especializadas para personas LGBT. Sin embargo, el problema de la desatención es nacional: la Fiscalía no ha adoptado un protocolo de investigación de casos de violencia motivada por prejuicio contra personas LGBT; los fiscales y los jueces de la República no han recibido suficiente entrenamiento ni desarrollado la sensibilidad necesaria para entender por qué es tan esencial el enfoque diferencial en estos casos, y lo mismo ocurre en Medicina Legal y en la Policía, que son los primeros en enfrentarse a las escenas del crimen.
Que estas tragedias sean la ocasión de adoptar el protocolo mencionado, de volver a impulsar la conversación sobre la política pública LGBT, de mejorar la educación de los operadores judiciales y de todos los funcionarios públicos, y de unirnos al rechazo vehemente a la violencia motivada en los prejuicios.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Seis personas gais han sido asesinadas en los últimos tres meses en Medellín y es angustiante que parece existir un patrón para sus muertes, lo que lleva a pensar en crímenes por prejuicios. Igual de preocupante es que la Fiscalía ha oscilado entre la indiferencia y los anuncios de acciones ineficientes, mientras que todo el sistema judicial colombiano adolece de los mecanismos apropiados y la capacitación necesaria para aplicar el enfoque diferencial en casos que involucran a lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT). El resultado es que la discriminación como móvil particular de la violencia contra esta población no se analiza ni se utiliza en el procesamiento de los casos, lo que no permite ver la sistematicidad de lo que ocurre ni adoptar acciones diferenciadas y oportunas.
Osvaldo Botero (45 años), Juan David López (31 años), Gustavo Arango Jaramillo (52 años), Sahmir Javier González (38 años), Juan Daniel Bedoya (30 años) y Hernán Macías (28 años) fueron encontrados muertos, en sus casas o en hoteles, con señales de golpes, de asfixia y en algunas ocasiones amarrados. Nos unimos al dolor de sus familias, sus parejas y sus amigos, así como a la voz del movimiento LGBT colombiano que, al unísono, ha rechazado lo ocurrido y exigido que las autoridades entiendan el problema a partir de su sistematicidad.
Las pistas están ahí. Según los datos que Colombia Diversa viene recogiendo entre 2014 y 2020, se registraron 352 gais víctimas de homicidio. “Muchos de ellos”, dice la organización, “encajan en el patrón de violencia por prejuicio, y es que son apuñalados en múltiples ocasiones o asesinados en sus viviendas por personas que instrumentalizaron su orientación sexual para atacarlos”. Por eso los casos que ocurren en Medellín traen los ecos de heridas todavía abiertas por la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades por entender cómo el odio y el prejuicio son generadores de violencia.
Por ejemplo, hablando con El Espectador, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, recuerda el asesinato del activista Guillermo Garzón, quien fue encontrado en su vivienda atado y con signos de tortura. “En el caso de Guillermo”, señala Sánchez, “se descubrió que se trataba de una banda que se dedicaba a contactar a hombres gais, a los que llevaban a sus casas, los robaban y los terminaban asesinando. Esa fue la primera condena en la que un juez aplicó como motivante la discriminación”.
De manera tardía, la Fiscalía expidió un comunicado refiriéndose a los casos. La Alcaldía de Medellín ya viene ofreciendo mayores recompensas por información sobre los agresores y recordando que tiene líneas de atención especializadas para personas LGBT. Sin embargo, el problema de la desatención es nacional: la Fiscalía no ha adoptado un protocolo de investigación de casos de violencia motivada por prejuicio contra personas LGBT; los fiscales y los jueces de la República no han recibido suficiente entrenamiento ni desarrollado la sensibilidad necesaria para entender por qué es tan esencial el enfoque diferencial en estos casos, y lo mismo ocurre en Medicina Legal y en la Policía, que son los primeros en enfrentarse a las escenas del crimen.
Que estas tragedias sean la ocasión de adoptar el protocolo mencionado, de volver a impulsar la conversación sobre la política pública LGBT, de mejorar la educación de los operadores judiciales y de todos los funcionarios públicos, y de unirnos al rechazo vehemente a la violencia motivada en los prejuicios.
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