La manera en que el presidente de la República, Gustavo Petro, decide adelantar peleas con los alcaldes locales deja muchísimo que desear en términos de respeto. Primero, contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, retuiteó una publicación que lo tilda de politiquero e insinúa que incurrió en un delito por atreverse a opinar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Segundo, esta vez en oposición al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le preguntó si lo reconocía como presidente, desinformó sobre el rol público de la hermana del burgomaestre y se insertó de forma populista en una discusión del Concejo de esa ciudad. Cuando el mandatario se deja influenciar por las dinámicas de X, parece olvidar que, en efecto, debe representar a todos los colombianos, no solo a los que están de acuerdo con él.
El problema del presidente Petro con Bogotá viene desde la administración pasada. Cuando todavía gobernaba Claudia López hizo todo lo posible por torpedear la construcción de la primera línea del metro elevado. El cálculo de la Casa de Nariño era ganar el Palacio Liévano con la candidatura de Gustavo Bolívar que, sin embargo, se estrelló de manera estruendosa con la realidad. A pesar de que Galán obtuvo un mandato histórico, y que incluso el segundo candidato en los resultados, Juan Daniel Oviedo, pidió la construcción del metro, la desidia de la administración Petro se ha sentido, y más recientemente en lo relativo a la construcción del Transmilenio por la avenida 68. En síntesis, al presidente parece molestarle no ser el alcalde de la capital y no tener influencia definitiva sobre las decisiones que sobre ella se tomen.
Ahora, el tono de esa discusión llegó a un punto inaceptable. El presidente retuiteó una publicación del actor Ernesto Benjumea, que se refería al alcalde Galán de la siguiente manera: “¡Qué politiquería tan barata y rastrera!”. Adicionalmente, la publicación compartía una petición de denunciar al mandatario por “el delito de abuso en función pública”, todo porque se atrevió a opinar sobre el fraude en Venezuela. Al respecto, el mandatario de los bogotanos hizo una pregunta justificada: “Veo que está retuiteando a quienes dicen que por opinar se comete un delito. Importante que le aclare al país si usted considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito”. Estamos de acuerdo. Y agregamos: ¿le parece adecuado que un presidente opine sobre mandatarios locales a través de republicaciones groseras y agresivas?
Algo similar ocurrió con el alcalde Gutiérrez. El presidente Petro no está de acuerdo con la venta de Tigo-UNE, que está siendo impulsada en el Concejo de Medellín. Eso es, por supuesto, una opinión respetable. El problema es que, de nuevo, el mandatario degrada el mensaje. En una misma publicación escribe: “¿El alcalde de Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente?”, y luego concreta: “La intervención del alcalde en los asuntos de ISA... ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?”. Sobre lo segundo, la hermana es parte de una filial, no de ISA, ni tiene un alto cargo ahí. Sobre lo primero, ¿qué necesidad hay de aterrizar el debate en esos términos? ¿Acaso Gutiérrez, oponente de Petro, no reconoció su triunfo en su momento? ¿Acaso un alcalde no puede tener diferencia de opiniones sin que eso suponga un velado golpe de Estado?
No se puede hablar de un acuerdo nacional y de exigir respeto cuando, al mismo tiempo, se instaura el lenguaje de X como política de Estado. Eso ayuda en los likes, pero no en la construcción de país.
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