El problema de Cartagena con el sexo

A principios de octubre, un video causó indignación entre los funcionarios de la Alcaldía de Cartagena. En él, una empresa llamada Good Girls Co promocionaba una fiesta sexual que planeaban realizar en un yate y una isla privada en territorio cartagenero. Dentro de los “beneficios” para quienes pagaran los US$5.000 de la boleta se incluían 60 mujeres dispuestas a tener sexo ilimitado, comida y bebidas sin restricción, y un ambiente “amigable a las drogas”.

Tan pronto se volvió viral el video, la Alcaldía reaccionó. Fernando Niño, secretario del Interior de Cartagena, dijo en La W que “estamos muy sorprendidos, no hemos recibido comunicación por parte de los organizadores. Todos los eventos que se realizan en Cartagena necesitan autorizción. Si hacemos un análisis de lo que están promocionando, no apuntan a nuestras políticas de seguridad (...) Vamos a impedir que se realice el evento”.

Por su parte, el alcalde encargado de la ciudad, Sergio Londoño Zurek, dijo que “este es un video obsceno que no obedece al turismo que queremos en la ciudad, que promovemos y que es el motor de desarrollo de la ciudad. Estos eventos dañan el buen nombre de los cartageneros, va en contra de las drogas y de las mujeres; no los vamos a tolerar en la ciudad”.

No es la primera vez que argumentos similares se utilizan para obstaculizar un evento en Cartagena. En julio, la Alcaldía suspendió el congreso de la industria para adultos LExpo- Latin America Adult Business Expo, argumentando falta de permisos, pero mediando claramente un juicio moral en contra de los organizadores y su trabajo.

La obsesión de las autoridades cartageneras porque su ciudad no se convierta en un lugar de turismo sexual es comprensible, pero nos parece que sus métodos y argumentos no son adecuados.

Es verdad que Cartagena es un punto de tensión de la trata de personas, el uso de drogas y que, por ende, atrae focos de criminalidad y atención turística indeseada. Sin embargo, es necesario preguntarse si el prohibicionismo moralista es la mejor manera de actuar.

Si en Colombia el trabajo sexual es considerado por la Corte Constitucional como un oficio viable para quienes deseen ejercerlo, siempre y cuando se realice con libertad y sin cohersión, ¿no es un ejercicio de los derechos individuales organizar fiestas sexuales? ¿Cuál es el daño esencial que una fiesta de este estilo le hace a la sociedad? Por supuesto, está de por medio la cuestión de las drogas ilegales (que, a su vez, ameritan otro debate pendiente en el país), ¿pero no sería mejor entonces crear reglas claras que permitan a las autoridades supervisar estos eventos para garantizar la seguridad de todos los involucrados y el cumplimiento de las normas?

El problema no es solo de Cartagena. La doble moral y la incapacidad de las autoridades ha dejado a muchas trabajadoras sexuales exigiendo protecciones claras y mejores regulaciones. La lucha contra la trata de personas, por esa falta de transparencia, también se ha visto obstaculizada.

Indignarse y censurar es la salida más fácil, pero poco productiva. Colombia entera debe revaluar su relación con el sexo como negocio, si de verdad quiere cambiar la cultura del país.

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