La obsesión del Gobierno de Gustavo Petro por acceder al informe de Medicina Legal sobre la muerte del menor Kevin Acosta muestra que no han entendido la raíz de la indignación que produjo el caso. El presidente, Gustavo Petro, ha acusado al instituto forense y a la Fiscalía de ocultarle indebidamente información, al mismo tiempo que ha lanzado frases estigmatizantes contra la madre de la víctima. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha sido derrotado ya dos veces en instancias de tutela, con la última decisión publicada esta semana. ¿Cuál es la insistencia en presionar con ese proceso cuando el verdadero problema está en la falta de mejora en el servicio de la Nueva EPS?
El caso de Acosta llamó la atención del país por una mezcla de factores. Como paciente de hemofilia, necesitaba recibir medicamentos de manera constante para reducir su riesgo de sangrados. Ante los cambios administrativos en Nueva EPS, el menor no había recibido medicamentos desde diciembre del año pasado, cuando tuvo un accidente que desencadenó su eventual muerte. Según la Procuraduría, la muerte de Acosta estaría relacionada con la falta de entrega de medicamentos de dos IPS que suspendieron servicios por la falta de pago de la Nueva EPS. La Fiscalía, por su parte, adelanta sus propias investigaciones.
El presidente Petro ha hecho varias declaraciones desobligantes sobre lo ocurrido. En un consejo de ministros televisado a todo el país, insinuó que hubo culpa en la madre de Acosta: “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”. Un tiempo después, continuando con la narrativa de una persecución en contra de la reforma sanitaria de su gobierno, dijo que “ocultan el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila, famoso en la prensa, pero resulta que Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe (de necropsia) porque la fiscal general (Luz Adriana Camargo) dijo que no nos lo entregaran”.
Medicina Legal ha sido clara. Ante la petición de presentar la necropsia, Ariel Emilio Cortés, su director, dijo que “el Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales”. En respuesta, el Ministerio de Salud presentó una tutela, derrotada en primera instancia y confirmada en segunda por el Tribunal Superior de Bogotá. Los juzgados le recordaron al Ministerio que hay reserva del sumario para información sujeta a investigaciones penales. Es decir, que no se pueden violar los derechos de los involucrados por el afán del Gobierno.
Lo difícil de comprender es la concentración en la necropsia de Acosta, cuando todas las señales muestran el problema dentro de la Nueva EPS. La Contraloría publicó un informe donde muestra que las intervenciones del Estado a distintas EPS no ha llevado a mejoras sustanciales. La Nueva EPS tiene un faltante de COP 4,9 billones en reservas técnicas y otros COP 13,6 billones en anticipos. Las quejas han aumentado, con la salud siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos. Es momento de dejar a un lado el caso de Acosta y reconocer que en estos años el servicio de salud ha empeorado.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
