El problema es otro

El jueves pasado la gerenta de la sucursal en Colombia, Sara Moya, le dijo a El Espectador que su empresa no va más. Se cansaron. Es decir, ya en términos que se entiendan, dejarán de venderse 150 millones de pies cúbicos de gas diarios a Venezuela. Y con ello, todo se fue al garete: la posibilidad de ampliar hasta el año 2016 el contrato que en el papel se vence el 30 de junio de 2014. Mejor dicho, Colombia pierde un contrato que genera US$20 millones mensuales. Y es por el desorden.

¿Alguna razón más específica? Moya fue bastante clara en su exposición: se trata, según ella, de los errores que ha cometido el Ministerio del Interior en cuanto a la consulta previa, definiendo cuáles comunidades eran afectadas por el proyecto y la puerta que esto abrió para que otras comunidades wayuus llegaran a exigir cosas que, según la empresa venezolana, no merecen.

 Ellos dijeron, también, que las comunidades agotaron las vías legales y se remitieron a las de hecho. Puede ser. Lo cierto es que se tomaron el consulado venezolano en La Guajira, exigiendo la presencia del Gobierno y del representante de esa empresa, para luego viajar a Bogotá y plantear una mesa de concertación, de la que no aún no hay acuerdo después de dos semanas.

Está eso, por un lado. Pero están las comunidades, por el otro: dicen que el proceso de consulta previa no fue legítimo. Que no se cumplieron los requisitos de la misma y que hubo gente que se benefició con regalos pero por, justamente, no conocer los derechos que tienen. Puede ser, también. No vemos por qué ambas partes no puedan tener razón.

Y esto se debe, sobre todo, a la incapacidad del Gobierno (de los gobiernos de este país) de hacer un protocolo claro para el ejercicio correcto de la consulta previa, un mecanismo acaso fundamental para nuestro Estado, sin el que se pisotearían los derechos de las minorías.

Quejarse de la figura de la consulta previa no viene al caso. Sin embargo, a eso se han limitado las empresas y los gobiernos: como en un chiste se ha dicho, incluso, que se trata de un “palo en la rueda” para el desarrollo. ¡Por favor! Si ésta se hiciera de manera correcta redundaría no sólo en el tan mentado desarrollo, sino también en el bienestar social. Eso, ya a estas alturas, quince años después de que la Corte Constitucional fallara sobre el caso de la represa de Urrá, nos parece el colmo.

El problema de fondo es el vacío de regulación. No hace falta ni siquiera una ley, simplemente es que el Gobierno central acuerde con las comunidades cómo será el proceso, paso por paso. Se hizo en Perú y también se discute en Chile y en Brasil. Pues que tomen nota entonces. Así se podría revivir ese proyecto, archivado ya en el polvo, que el presidente Juan Manuel Santos propuso hace un tiempo para regular el tema. Que se concierte, de igual a igual, cómo es que este ya viejo derecho va a aplicarse en la práctica.

Porque si no, seguiremos viéndonos obligados a atestiguar sobre lo mismo: que las empresas se van, que el Gobierno le echa la culpa al mecanismo, que las comunidades se sienten subrepresentadas o, peor, que aprovechan este abandono para sacar una tajada, como pasa en casos particulares.

¿Necesitamos más ejemplos para ponernos las pilas y solucionar, por lo sencillo, problemas tan complejos?

El jueves pasado la gerenta de la sucursal en Colombia, Sara Moya, le dijo a El Espectador que su empresa no va más. Se cansaron. Es decir, ya en términos que se entiendan, dejarán de venderse 150 millones de pies cúbicos de gas diarios a Venezuela. Y con ello, todo se fue al garete: la posibilidad de ampliar hasta el año 2016 el contrato que en el papel se vence el 30 de junio de 2014. Mejor dicho, Colombia pierde un contrato que genera US$20 millones mensuales. Y es por el desorden.

¿Alguna razón más específica? Moya fue bastante clara en su exposición: se trata, según ella, de los errores que ha cometido el Ministerio del Interior en cuanto a la consulta previa, definiendo cuáles comunidades eran afectadas por el proyecto y la puerta que esto abrió para que otras comunidades wayuus llegaran a exigir cosas que, según la empresa venezolana, no merecen.

 Ellos dijeron, también, que las comunidades agotaron las vías legales y se remitieron a las de hecho. Puede ser. Lo cierto es que se tomaron el consulado venezolano en La Guajira, exigiendo la presencia del Gobierno y del representante de esa empresa, para luego viajar a Bogotá y plantear una mesa de concertación, de la que no aún no hay acuerdo después de dos semanas.

Está eso, por un lado. Pero están las comunidades, por el otro: dicen que el proceso de consulta previa no fue legítimo. Que no se cumplieron los requisitos de la misma y que hubo gente que se benefició con regalos pero por, justamente, no conocer los derechos que tienen. Puede ser, también. No vemos por qué ambas partes no puedan tener razón.

Y esto se debe, sobre todo, a la incapacidad del Gobierno (de los gobiernos de este país) de hacer un protocolo claro para el ejercicio correcto de la consulta previa, un mecanismo acaso fundamental para nuestro Estado, sin el que se pisotearían los derechos de las minorías.

Quejarse de la figura de la consulta previa no viene al caso. Sin embargo, a eso se han limitado las empresas y los gobiernos: como en un chiste se ha dicho, incluso, que se trata de un “palo en la rueda” para el desarrollo. ¡Por favor! Si ésta se hiciera de manera correcta redundaría no sólo en el tan mentado desarrollo, sino también en el bienestar social. Eso, ya a estas alturas, quince años después de que la Corte Constitucional fallara sobre el caso de la represa de Urrá, nos parece el colmo.

El problema de fondo es el vacío de regulación. No hace falta ni siquiera una ley, simplemente es que el Gobierno central acuerde con las comunidades cómo será el proceso, paso por paso. Se hizo en Perú y también se discute en Chile y en Brasil. Pues que tomen nota entonces. Así se podría revivir ese proyecto, archivado ya en el polvo, que el presidente Juan Manuel Santos propuso hace un tiempo para regular el tema. Que se concierte, de igual a igual, cómo es que este ya viejo derecho va a aplicarse en la práctica.

Porque si no, seguiremos viéndonos obligados a atestiguar sobre lo mismo: que las empresas se van, que el Gobierno le echa la culpa al mecanismo, que las comunidades se sienten subrepresentadas o, peor, que aprovechan este abandono para sacar una tajada, como pasa en casos particulares.

¿Necesitamos más ejemplos para ponernos las pilas y solucionar, por lo sencillo, problemas tan complejos?