Dos de los tres conjueces sorteados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejaron sin validez el proceso de recolección de firmas. Abrieron también pliego de cargos contra el Comité Promotor que, como se recordará, incurrió en más de una anomalía: reportó un crédito inexistente por dos mil millones de pesos, violó los topes en la financiación de la recolección de firmas al gastar cerca de 1.900 millones de pesos, excediendo el límite de 330 millones, y le presentó al Consejo Nacional Electoral los balances que no eran. Realmente nada nuevo, todo se sabía o se intuía. Incluso entre los mismos promotores del referendo.
Que los conjueces se extralimitaron, se atribuyeron funciones que no les competen y antes que en derecho han fallado en política, son todas ideas debatibles. En la práctica, avalaron una de las dos tesis disponibles, la de la ponencia del magistrado ponente José Joaquín Vives. Y así desempataron lo que era un juego en tablas. En parte para eso fueron designados, como representantes del órgano competente. Y si tienen filiación partidista es porque el CNE es un órgano de suyo político.
La Corte Constitucional, entre tanto, ya había hecho explícito a través del magistrado ponente Humberto Sierra que el Registrador Nacional debía enviarle la certificación sobre la legalidad de las firmas. Esta es una de las pruebas requeridas para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del trámite del referendo. El Registrador, como se sabe, anunció que su concepto estaría listo después de que se conociera el fallo del CNE. El círculo de la tramitomanía, por fin, parece cerrarse con lo que en todo caso, más que un concepto jurídico, es una constancia administrativa.
Se insiste ahora en el argumento de que la voluntad del pueblo nada tiene que ver con el trámite inicial del referendo. Una teoría válida, de no ser porque en caso de vicios, inconsistencias, mentiras o falsedades en alguna parte del proceso, el problema les compete exclusivamente a los encargados de su dimensión operativa. Nuevamente parecería en este caso que se quisiera imponer el Estado de opinión al Estado de Derecho. No faltarán quienes se atrevan a estimar que si la Corte Constitucional llega a declarar su inconstitucionalidad por razones de forma, habría también que saltarse esa instancia.
Si lo que viene es un recurso de reposición, como ya lo ha anunciado la principal financiadora del referendo, Colombia Primero, está en todo su derecho de hacerlo ante los conjueces. Aun cuando elevar la polémica ante otro tribunal sería dar inicio al insufrible carrusel de deslegitimaciones, para todo perdedor siempre existe el derecho a otra instancia.
Pero mientras se nos va el tiempo en discutir la carpintería procesal con inusitado detalle, los debates de peso que el país requiere pasan inadvertidos por completo. Difícil calcular el costo político, social, económico y cultural de haber dedicado miles de horas, en el Congreso y en las salas judiciales, en las salas de redacción y en las universidades, a defender u oponerse a la reelección. Seguir por ese camino, mientras los unos intentan bloquear a como dé lugar y los otros imponer a toda costa la segunda reelección del presidente Uribe, parece a estas alturas, por no decir que hace mucho tiempo, un acto suicida. El presidente Uribe, en su sabiduría, debería comprender que ya es momento de anunciar que no está interesado en mantenerse en el poder. Y que el juego democrático pueda fluir libremente.
Por El Espectador
