Nicolás Maduro desafía de nuevo a los venezolanos, así como a la comunidad internacional, con las últimas medidas adoptadas, que incluyen el desconocimiento de lo acordado en Barbados con la oposición para el pronto retorno de la democracia a Venezuela. No solo se trata de la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado y la supuesta existencia de una operación para derrocarlo, lo que condujo al encarcelamiento de decenas de personas, entre ellas colaboradores de la señora Machado. A lo anterior se suma la reciente detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y la censurable expulsión de los integrantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Infortunadamente, el Gobierno ilegal del país vecino hace uso de la fuerza, una vez más, para reprimir a aquellos que se le oponen o denuncian la gravedad de la situación de derechos humanos que se vive allí. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU estaba en el país desde 2019, ante los graves señalamientos hechos por la entonces alta comisionada Michelle Bachelet, así como los de la OEA y la Corte Penal Internacional, que denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad con la aquiescencia del Gobierno. San Miguel, una respetada abogada, fue detenida en el aeropuerto junto con miembros de su familia y durante varios días no se supo de su paradero. Desde la ONG Control Ciudadano, analizaba a las Fuerzas Armadas y está acusada de terrorismo y traición a la patria, según las autoridades. Permanece detenida en El Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia, donde se han cometido torturas y asesinatos.
La persona que ha estado detrás de las últimas actuaciones es el fiscal general, Tarek William Saab, quien ha actuado como un brazo ejecutor de la voluntad de Maduro. De su oficina salieron las denuncias por los supuestos planes para atentar contra el ocupante del Palacio de Miraflores, así como las órdenes de detención de las personas que el régimen acusa de estar detrás de los hechos. Todo esto, dentro de una ofensiva para desconocer los compromisos adquiridos en Barbados, donde se acordó la liberación de 15 presos políticos y se dieron algunos pasos para asegurar el desarrollo de unas elecciones libres y justas.
En ese momento Estados Unidos aflojó las sanciones que había impuesto al sector petrolero y liberó a Álex Saab —quien estaba acusado de ser el testaferro de Maduro—, en una actuación que recibió críticas de la oposición venezolana. Sin embargo, la inhabilitación de Machado, así como la de Henrique Capriles, las nuevas detenciones y las que vengan a futuro demuestran no solo la nula intención de Maduro de permitir un proceso democrático en Venezuela, sino que volverá a utilizar a las personas retenidas ilegalmente como monedas de cambio más adelante.
Con esta nueva arremetida de la dictadura se ve la clara intención de no permitir que se lleven a cabo las elecciones libres y justas a las que se habían comprometido. Las encuestas demuestran que cerca del 85 % de los votantes se muestran contrarios a Maduro y apoyarían la candidatura de Machado.
No podemos mantener la paciencia con la tiranía venezolana. Es evidente que no hay intenciones democráticas del régimen y mientras tanto los opositores siguen siendo perseguidos. Tiene poco futuro cualquier negociación con la dictadura.
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