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El regreso de Laura Sarabia al Gobierno Nacional, además como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), despierta justas suspicacias. Después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, la apartara de su cargo como jefa de gabinete en señal de respeto a los procesos judiciales en curso, decide ahora nombrarla, justo un día antes de su interrogatorio en la Fiscalía, lo que le otorga fuero constitucional y aplaza la investigación al cambiar de juez natural. Sarabia llega al Gobierno, según se ha dicho, con el mandato adicional de liderar el gran acuerdo nacional mientras maneja una chequera amplia. ¿Cómo confiar en que no se utilizará para obtener apoyos políticos en plenas elecciones regionales?
Por supuesto que Sarabia conserva su presunción de inocencia, pero el presidente Petro había hecho lo correcto al apartarla de su cargo cuando estalló el escándalo de las chuzadas y el polígrafo a Marelbys Meza, su exniñera, sazonado con comprometedores mensajes con Armando Benedetti, su mentor. En aquel entonces, el mandatario había pedido investigaciones expeditas a la Fiscalía, se comprometió a no intervenir en los procesos que le conciernen y con eso envió un mensaje de respeto a la autonomía de la justicia.
Sin embargo, dos hechos recientes han puesto a tambalear esa percepción. Primero fue la visita a su hijo, Nicolás Petro, que pese a que dijo que se trató de un asunto personal, despierta dudas cuando este ya se había comprometido con la Fiscalía a aportar detalles de la financiación irregular de la campaña de su padre el año pasado. Ahora, con el nombramiento de Sarabia, cambia su juez natural y aplaza indefinidamente el proceso. Se trata de “jugaditas” que, aunque están en el marco de lo legal, despiertan cuestionamientos éticos y minan la confianza de las personas en las instituciones. ¿No hubiese sido mejor esperar a que las investigaciones surtieran su curso?
Se entiende que, si la obsesión del presidente Petro es mejorar las tasas de ejecución, quiera a alguien de su entera confianza en el DPS. En ese sentido, la llegada de Sarabia al cargo invita a pensar que pronto veremos más resultados y, ante todo, mejor conexión entre Presidencia y el resto del Gobierno. En estos meses de ausencia de la jefa de gabinete, la queja recurrente era la dificultad de entablar diálogos con el presidente. Como lo dijimos hace unas semanas, si la ejecución se convierte en prioridad, el Gobierno podrá aterrizar su visión de cambio para el país.
Dicho lo anterior, Sarabia con su inexperiencia en el manejo de recursos públicos despierta muchas inquietudes. ¿El DPS seguirá entorpeciendo la labor del recién creado Ministerio de la Igualdad? ¿Pierde, con esto, poder la vicepresidenta, Francia Márquez, quien ha visto sus promesas truncarse por el día a día de la administración pública? Y con el manejo de la amplia chequera del DPS por alguien tan cercano al presidente, ¿se envía el mensaje de que se usará para la construcción de la nueva unidad nacional?
Con la llegada de Sarabia, el presidente recupera una aliada que considera esencial, y eso no está mal, pero todo el contexto que acompaña su retorno abre el espacio a suspicacias más que válidas sobre las intenciones de la Casa de Nariño.
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