El reto de la "otra Colombia"

Algunos analistas llaman la atención a que en esa Colombia de cazadores —recolectores, pastores, aserradores, culturas anfibias de pescadores y agricultores temporales— podría estar incubándose un malestar generalizado.

Nuestra “primavera árabe”, se argumenta también, podría nacer de los grandes espacios que tienen los valores más altos de agua y biodiversidad del mundo, y que nos sitúan muy arriba en los índices ambientales de Yale/Columbia. Espacios que, sin embargo, conforman esa “otra Colombia” que no entendemos desde los centros urbanos, y que se ha convertido ya en un asunto de seguridad. No tenemos un plan de desarrollo para una integración en la diversidad. Porque en gran parte son poblaciones que con los cambios culturales y económicos que trae la modernidad, pierden su viabilidad adaptativa.

Los seculares “buenos vivideros” se convierten en zonas de pobreza, conflicto y desplazamientos. Casi todas las formas de vida en transición en esas apartadas regiones resultan con visos de ilegalidad. El aprovechamiento forestal, que de todas maneras se está dando, es menos aceptado desde los cada vez más educados centros urbanos. El aprovechamiento de la fauna está satanizado, pero sin alternativas. La pesca continental es un sector abandonado por el Estado.

Cuando el Gobierno comienza a atender el clamor de luchar contra la minería criminal, que está destruyendo selvas y ríos, sin alternativas económicas en algunos lugares, comienza a exacerbar el descontento. Sin haber salido de un conflicto, estaríamos entrando en el siguiente. Colombia no tiene una propuesta de desarrollo sostenible para los territorios de frontera de ocupación, para ese “revés de la Nación”, como lo llamó la antropóloga Margarita Serje, para quien la negación de la alteridad es la característica principal de la relación entre los centros y las fronteras.

Colombia no entiende su territorio. Con la ola invernal de 2011, un funcionario, al dar su balance, dijo con satisfacción que la “maldita Niña” —como la calificó Santos— “no había alterado el PIB”. Es la Colombia que no factura, pero no por evasión. A nuestros gobernantes, con algunas excepciones —tal vez el olvidado Barco—, esa parte del país con su propia identidad “no les cabe en la cabeza”. En el patrimonio natural custodiado, es decir, la protección de la naturaleza que representa beneficios locales, podría estar parte de la solución.

No será una Colombia que se podrá manejar en paz si desde la ciudad consideramos que lo único válido allí es la conservación, sin reconocer que ese gran espacio de tiempo atrás está habitado. El Plan de Desarrollo actual proscribe la agricultura de los páramos, sin que haya una alternativa para sus habitantes. Como dijo el profesor Julio Carrizosa, nuestras instituciones son excesivamente simples frente a la complejidad de los territorios.

Declaramos millones de hectáreas de tierras colectivas, pero las dejamos en un profundo abandono institucional. El Instituto Humboldt, que cuenta con un programa de uso de la biodiversidad, apenas puede convertirse en un testigo científico parcial de la decadencia de esas formas de vida. Se necesita todo un “Plan Marshall” para recuperar la Colombia de los bosques, planos de inundación de los ríos, ciénagas, selvas húmedas, sabanas naturales y extensas zonas de montaña. Sería una apuesta por la cultura, el medio ambiente y la seguridad.

Podría crear el Gobierno Nacional una comisión de académicos y sabedores locales para que, en un plazo similar al que se usa para formular los planes de desarrollo, propongan una visión y una forma de integración sostenible y digna de la minoría de colombianos, que detentan una inmensa mayoría del territorio.

Algunos analistas llaman la atención a que en esa Colombia de cazadores —recolectores, pastores, aserradores, culturas anfibias de pescadores y agricultores temporales— podría estar incubándose un malestar generalizado.

Nuestra “primavera árabe”, se argumenta también, podría nacer de los grandes espacios que tienen los valores más altos de agua y biodiversidad del mundo, y que nos sitúan muy arriba en los índices ambientales de Yale/Columbia. Espacios que, sin embargo, conforman esa “otra Colombia” que no entendemos desde los centros urbanos, y que se ha convertido ya en un asunto de seguridad. No tenemos un plan de desarrollo para una integración en la diversidad. Porque en gran parte son poblaciones que con los cambios culturales y económicos que trae la modernidad, pierden su viabilidad adaptativa.

Los seculares “buenos vivideros” se convierten en zonas de pobreza, conflicto y desplazamientos. Casi todas las formas de vida en transición en esas apartadas regiones resultan con visos de ilegalidad. El aprovechamiento forestal, que de todas maneras se está dando, es menos aceptado desde los cada vez más educados centros urbanos. El aprovechamiento de la fauna está satanizado, pero sin alternativas. La pesca continental es un sector abandonado por el Estado.

Cuando el Gobierno comienza a atender el clamor de luchar contra la minería criminal, que está destruyendo selvas y ríos, sin alternativas económicas en algunos lugares, comienza a exacerbar el descontento. Sin haber salido de un conflicto, estaríamos entrando en el siguiente. Colombia no tiene una propuesta de desarrollo sostenible para los territorios de frontera de ocupación, para ese “revés de la Nación”, como lo llamó la antropóloga Margarita Serje, para quien la negación de la alteridad es la característica principal de la relación entre los centros y las fronteras.

Colombia no entiende su territorio. Con la ola invernal de 2011, un funcionario, al dar su balance, dijo con satisfacción que la “maldita Niña” —como la calificó Santos— “no había alterado el PIB”. Es la Colombia que no factura, pero no por evasión. A nuestros gobernantes, con algunas excepciones —tal vez el olvidado Barco—, esa parte del país con su propia identidad “no les cabe en la cabeza”. En el patrimonio natural custodiado, es decir, la protección de la naturaleza que representa beneficios locales, podría estar parte de la solución.

No será una Colombia que se podrá manejar en paz si desde la ciudad consideramos que lo único válido allí es la conservación, sin reconocer que ese gran espacio de tiempo atrás está habitado. El Plan de Desarrollo actual proscribe la agricultura de los páramos, sin que haya una alternativa para sus habitantes. Como dijo el profesor Julio Carrizosa, nuestras instituciones son excesivamente simples frente a la complejidad de los territorios.

Declaramos millones de hectáreas de tierras colectivas, pero las dejamos en un profundo abandono institucional. El Instituto Humboldt, que cuenta con un programa de uso de la biodiversidad, apenas puede convertirse en un testigo científico parcial de la decadencia de esas formas de vida. Se necesita todo un “Plan Marshall” para recuperar la Colombia de los bosques, planos de inundación de los ríos, ciénagas, selvas húmedas, sabanas naturales y extensas zonas de montaña. Sería una apuesta por la cultura, el medio ambiente y la seguridad.

Podría crear el Gobierno Nacional una comisión de académicos y sabedores locales para que, en un plazo similar al que se usa para formular los planes de desarrollo, propongan una visión y una forma de integración sostenible y digna de la minoría de colombianos, que detentan una inmensa mayoría del territorio.