El riesgo de fraude electoral

La respuesta a la denuncia precisa de la Misión de Observación Electoral sobre posible trashumancia para afectar las elecciones no puede ser la inacción institucional. / AFP

Una de dos: o varios municipios del país están en grave riesgo de sufrir un tipo de fraude electoral en marzo y mayo, cuando se elijan Congreso y presidente, o estos mismos municipios no están recibiendo los recursos de regalías que merecen y necesitan para atender de manera adecuada a su población. En cualquier caso, es urgente entender lo que ocurre.

La alarma la encendió la Misión de Observación Electoral (MOE), que viene denunciando el caso de varios municipios donde el número de personas registradas para votar excede la cantidad de habitantes que se estima residen allí.

Como explicó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, “esta no es una anomalía nueva. Desde 2014 la MOE ha venido señalando las inconsistencias entre los datos de población y el censo electoral. Para las elecciones de 2014, la MOE encontró 69 municipios donde el censo electoral superaba la población proyectada por el DANE. Para el 2015 ya eran 96 los municipios y según el último censo electoral este fenómeno se presenta para 82 municipios en 18 departamentos”.

Esto debe ser revisado de cerca por el DANE en la realización del censo de este año por dos motivos. Primero porque, si el cálculo realizado sobre el número de habitantes real es correcto, eso significa que en estos municipios podría presentarse trashumancia electoral. Ese es un tipo de fraude que consiste en inscribir la cédula en un lugar distinto a aquel donde las personas viven, usado habitualmente para afectar las elecciones. Es un delito según el Código Penal.

Segundo, porque si en efecto encontramos que en esos municipios hay tanta gente como la que se registró para votar, eso significa que las asignaciones presupuestales se están dando sobre estimados errados: son territorios que necesitan más recursos.

No obstante, la lógica invita a creer que la situación más probable sea la primera. Si las elecciones son la oportunidad de empezar a purgar la política de la corrupción que se ha venido denunciando, no puede permitirse que ocurra la trashumancia. Las autoridades y la ciudadanía deben posar sus ojos sobre los municipios denunciados para asegurarse de que no ocurran irregularidades.

Según los datos de la MOE, los departamentos con más casos críticos son Antioquia y Boyacá, con 13 municipios cada uno; Santander con nueve y Cundinamarca con siete. En particular, a la Misión le preocupa el municipio de Restrepo (Meta), que tiene una diferencia porcentual entre el censo electoral y poblacional del 37,1 %; Taraira, en Vaupés, con diferencia del 34,8 %; Concepción (Antioquia), con 31,9 %, y Alejandría (Antioquia) y Charta (Santander), donde la diferencia es del 27,4 % y 26,4 %, respectivamente.

Ante la precisión de esta denuncia, la respuesta no puede ser la inacción institucional. Lo que está en juego es la democracia en las regiones, allí donde el Estado tiene una deuda histórica de ofrecer representación genuina.

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