El escándalo que se ha tomado al país en torno a la estadía en Suecia de Verónica Alcocer, primera dama de la nación, exige que hagamos una pausa para poder superar la misoginia, las especulaciones y los ataques sin fundamento. Es cierto que muchas de las voces que se han expresado en redes sociales contra Alcocer y contra el presidente Gustavo Petro lo hacen con base en especulaciones sin mayor fundamento, más con el objetivo de destruir personalmente al mandatario y a su familia que preocupados por el correcto uso de los recursos públicos. Lo anterior no quiere decir que la Casa de Nariño no le deba mayor transparencia al país y que Colombia pueda llevar a cabo una conversación madura y con altura sobre el rol de las parejas de quienes ocupen la Presidencia.
Con base en una publicación del periódico de corte sensacionalista sueco “Expressen”, las redes sociales se llenaron de fotografías de la primera dama en Suecia. El estilo de vida ostentoso que se ha dado en ese país llevó a muchos a preguntarse si se están invirtiendo recursos públicos para financiar a la primera dama. Mientras Alcocer, al cierre de esta edición, ha guardado silencio, el presidente Petro salió en su defensa. Dijo que la vida que lleva la primera dama es gracias a que es una ciudadana europea y que todo se está pagando con recursos privados. “La ciudadana europea Verónica Alcocer no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades en el espacio en que vive”, escribió el mandatario. “Por ahora lo que pase en mi corazón no será carroña propagandista de la extrema derecha fascista de mi país”.
El presidente Petro tiene razón en su reclamo central: si no hay recursos públicos involucrados, la primera dama tiene derecho a su privacidad. No hay, en lo que hemos conocido hasta ahora, prueba alguna de mal uso de la financiación estatal o sospechas de algún tipo de enriquecimiento ilícito. En ese sentido, quienes atacan a Alcocer lo hacen con tintes misóginos y con claros intereses de deslegitimar la vida privada de la pareja presidencial.
Sin embargo, eso no significa que no haya preguntas pendientes importantes para el debate. Durante los primeros dos años de la presidencia de Gustavo Petro, la primera dama intentó posicionarse como un actor político adicional. Para eso recibió financiación a través de entidades estatales, recorrió el país y el mundo en nombre de la Presidencia y desplegó una ambiciosa estrategia de comunicaciones. Entendió que ser primera dama implicaba servicio público, lo que también significa que era y es necesaria una transparencia mayor a la de cualquier ciudadano promedio. Por eso las preguntas sobre los recursos que utiliza en su vida, ahora privada, son importantes. ¿En qué momento dejó de ser una presencia en el devenir político colombiano? ¿Cómo es su relación, en término de influencia política, con la Casa de Nariño? Fue el mismo mandatario y la misma primera dama quienes, desde el principio, adoptaron un rol que supera el de una pareja privada, lo que hace que también haya un requisito de transparencia.
Finalmente, tanto para Alcocer como para todas las parejas de quienes ocupen la Presidencia en el futuro, es necesario que esa figura sea regulada. Para evitar conflictos de interés, suspicacias y lagunas jurídicas, hace falta una ley que determine qué puede hacer y qué no la pareja presidencial. Esto para garantizar la transparencia y el ejercicio responsable de la política. Ahí el asunto no es el corazón del presidente, sino la conducta de personas con mucho poder en nuestra democracia.
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