El ruido y la necesidad de la llamada Ley Arias

Es difícil dar debates cuando el oportunismo político se une con deudas genuinas del Estado. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en torno al proyecto de ley conocido como la Ley Arias, en referencia al condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La pregunta sobre si las personas condenadas en única instancia en el pasado tienen derecho a la doble conformidad es importante, pues se refiere a las garantías básicas en todo Estado de derecho. Sin embargo, en medio del afán por aprobar la retroactividad de la doble instancia para aforados, no se está analizando de manera suficiente cómo evitar que abrir tantos procesos de nuevo genere caos en la administración de la justicia.

Antes de entrar a los puntos más polémicos, hay unos aspectos básicos sobre los que, creemos, la discusión tiene que partir. Es evidente que Colombia ha incumplido sus compromisos internacionales al no tener las herramientas institucionales para garantizarles la doble instancia a los aforados. Eso fue dicho por la Corte Constitucional, citando el Pacto Internacional de Derechos Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado colombiano se encuentra vinculado y obligado a esos convenios.

En términos lógicos, nos parece cierto que la estructura de la administración de la justicia falló al no tener en cuenta que los casos de los aforados necesitaban una segunda instancia. Sí, es verdad que ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia es un beneficio exclusivo para quienes llegan a los altos cargos del Estado, pero la posibilidad de cuestionar las condenas es un derecho que se les garantiza a todos los colombianos. ¿Por qué, entonces, excluir a los aforados?

Esa discusión ya se saldó en el alto tribunal constitucional, que le pidió al Congreso regular los casos en los que hay condenas dictadas por primera vez. Allí no hay dudas: a futuro, todos los aforados tienen derecho a la doble instancia.

La pregunta es qué hacer con los condenados en única instancia hasta ahora. El uribismo, evidentemente afanado por la extradición de Arias a Colombia, quien fue condenado en 2014 a 17 años de prisión y se fugó de la justicia, presentó el 23 de julio un proyecto de ley diciendo que todos los condenados, incluyendo a Arias, a varios parapolíticos y a varios exministros del gobierno de Álvaro Uribe condenados por diversos delitos, podrían solicitar que se revise la decisión en su contra.

La oposición ha denunciado intereses políticos. Tienen razón: es claro que está el propósito de beneficiar a personas afines al Centro Democrático. Eso, no obstante, no niega que estas personas y los demás aforados deberían tener la oportunidad de una segunda instancia.

Una revisión de la decisión no implica revertir la condena. El senador Gustavo Petro dijo que este proyecto representa “la impunidad en ciernes” para todos los procesos que se estudiarían. No nos parece así: si las pruebas son sólidas, los magistrados no podrán más que concluir que las condenas deben quedar en firme. La justicia seguirá operando de la misma manera en que lo viene haciendo contra el crimen.

Sí es importante que, en las discusiones que se den en el Congreso, haya claridad sobre que no habrá libertad mientras se hace la revisión, se destinen todos los recursos necesarios para que la Sala de Descongestión propuesta pueda operar de manera eficiente y el proceso de selección de los magistrados genere confianza en los colombianos. En medio del ruido político, es la oportunidad de que Colombia enmiende sus deudas con la segunda instancia.

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Es difícil dar debates cuando el oportunismo político se une con deudas genuinas del Estado. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en torno al proyecto de ley conocido como la Ley Arias, en referencia al condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La pregunta sobre si las personas condenadas en única instancia en el pasado tienen derecho a la doble conformidad es importante, pues se refiere a las garantías básicas en todo Estado de derecho. Sin embargo, en medio del afán por aprobar la retroactividad de la doble instancia para aforados, no se está analizando de manera suficiente cómo evitar que abrir tantos procesos de nuevo genere caos en la administración de la justicia.

Antes de entrar a los puntos más polémicos, hay unos aspectos básicos sobre los que, creemos, la discusión tiene que partir. Es evidente que Colombia ha incumplido sus compromisos internacionales al no tener las herramientas institucionales para garantizarles la doble instancia a los aforados. Eso fue dicho por la Corte Constitucional, citando el Pacto Internacional de Derechos Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado colombiano se encuentra vinculado y obligado a esos convenios.

En términos lógicos, nos parece cierto que la estructura de la administración de la justicia falló al no tener en cuenta que los casos de los aforados necesitaban una segunda instancia. Sí, es verdad que ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia es un beneficio exclusivo para quienes llegan a los altos cargos del Estado, pero la posibilidad de cuestionar las condenas es un derecho que se les garantiza a todos los colombianos. ¿Por qué, entonces, excluir a los aforados?

Esa discusión ya se saldó en el alto tribunal constitucional, que le pidió al Congreso regular los casos en los que hay condenas dictadas por primera vez. Allí no hay dudas: a futuro, todos los aforados tienen derecho a la doble instancia.

La pregunta es qué hacer con los condenados en única instancia hasta ahora. El uribismo, evidentemente afanado por la extradición de Arias a Colombia, quien fue condenado en 2014 a 17 años de prisión y se fugó de la justicia, presentó el 23 de julio un proyecto de ley diciendo que todos los condenados, incluyendo a Arias, a varios parapolíticos y a varios exministros del gobierno de Álvaro Uribe condenados por diversos delitos, podrían solicitar que se revise la decisión en su contra.

La oposición ha denunciado intereses políticos. Tienen razón: es claro que está el propósito de beneficiar a personas afines al Centro Democrático. Eso, no obstante, no niega que estas personas y los demás aforados deberían tener la oportunidad de una segunda instancia.

Una revisión de la decisión no implica revertir la condena. El senador Gustavo Petro dijo que este proyecto representa “la impunidad en ciernes” para todos los procesos que se estudiarían. No nos parece así: si las pruebas son sólidas, los magistrados no podrán más que concluir que las condenas deben quedar en firme. La justicia seguirá operando de la misma manera en que lo viene haciendo contra el crimen.

Sí es importante que, en las discusiones que se den en el Congreso, haya claridad sobre que no habrá libertad mientras se hace la revisión, se destinen todos los recursos necesarios para que la Sala de Descongestión propuesta pueda operar de manera eficiente y el proceso de selección de los magistrados genere confianza en los colombianos. En medio del ruido político, es la oportunidad de que Colombia enmiende sus deudas con la segunda instancia.

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