El valor acordado para el próximo año será de $781.242, un aumento del 5,9 %, equivalente a $43.525. El subsidio de transporte tuvo un alza de 6,1 % y quedó en $88.211. Pero, más allá de las cifras y del inevitable descontento que suele sucederlas, debemos superar los debates trillados que se repiten invariablemente cada año y empezar a centrarnos en los problemas de fondo que enfrenta el país en materia de empleo.
La negociación que se da alrededor del salario mínimo reúne al Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios de los empresarios, teniendo en cuenta la inflación del año causado y su proyección para el siguiente, el PIB del presente año y su proyección, y el aporte de la productividad al crecimiento de la economía. El sector empresarial y las organizaciones sindicales suelen presentar sus ofertas de aumento separadas por distancias aparentemente insalvables y que en esta ocasión se ubicaron entre el 4,5 % y el 12 %, respectivamente. Después de que ambas partes cedieran en sus aspiraciones, celebramos que se haya llegado a un acuerdo evitando el sinsabor de otros años en los que el Gobierno debía, casi que a las malas, establecer una cifra por decreto.
Sin embargo, este anuncio ha estado cuestionado por las críticas del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien en su cuenta de Twitter dijo que es una “mentira” la concertación del salario. Según él, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no fue invitada a la reunión donde se decidió y se aprobó el alza. Parece, entonces, que tristemente empezamos el año con las exclusiones que suelen acompañar estos debates.
Volviendo al tema de fondo, la discusión sobre el salario mínimo no es cosa menor, pues afecta a cerca de 2,5 millones de colombianos, entre trabajadores activos y pensionados que reciben esa suma cada mes. Además, el valor del salario mínimo tiene implicaciones sobre la competitividad de las empresas y los costos de mano de obra. Todos quisiéramos que fuera más alto, ya que implica un aumento en el ingreso y el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo los más pobres. Pero aumentar más o menos el salario mínimo no acabará con la desigualdad ni la pobreza. Indignarse porque el valor del salario mínimo es insuficiente, y en efecto lo es, no sólo es facilista, sino ingenuo. En un país en el que la informalidad ronda el 50 % —una cifra inaceptable— debemos apuntarle a garantizar que los colombianos puedan acceder a un trabajo formal en condiciones dignas y justas.
Como explicó Gonzalo Hernández en un balance económico que realizó para este diario, “debe quedarnos claro que, sin una agenda en la que se prioricen los estímulos económicos para los sectores claves —industria y agricultura—, el crecimiento será mediocre y el desempleo no abandonará su tendencia. Y sin más empleo será imposible hablar de una inclusión socioeconómica real y estable para la mayoría de los colombianos. Sin la inclusión social que se deriva de una economía que usa eficientemente la fuerza productiva de sus ciudadanos, no será posible atender bien algunos de los grandes problemas de nuestra sociedad: pobreza, desigualdad y conflicto”.
A veces parece, entonces, que las discusiones entre empleadores, empleados y Gobierno se van en temas que son urgentes, pero que podrían ver su importancia reducida si se triunfa en otros espacios económicos. Ante la resignación que produce siempre la pelea por el aumento del salario mínimo, ojalá el reto a enfrentar en 2018 sea el de la informalidad, la desigualdad y un país con más oportunidades para todos. Si no, seguiremos en lo mismo.
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