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El terror no es excusa para dejar de hacer lo correcto

Que el Eln incumpla no significa que el Estado colombiano pueda utilizar argucias retóricas para amañar la realidad y faltar a su palabra. / Foto: Archivo

Parece que al Gobierno se le acabó la serenidad con la que había reaccionado al atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. La insistencia, tanto de la Cancillería como del alto comisionado para la Paz, de ignorar los protocolos pactados con el Eln es un golpe a la credibilidad del Estado, que sabotea cualquier intento futuro de entablar procesos de paz e incluso pone en riesgo los procesos de desmovilización de las Farc. ¿Es consciente la administración de Iván Duque del peligroso precedente que está sentando?

Desde que se anunció la responsabilidad del Eln en el atentado que cobró la vida de 20 policías, el Gobierno levantó la suspensión temporal de las órdenes de captura y pidió reactivar las circulares rojas contra los negociadores de esa guerrilla. También le pidió a Cuba que los capturara y los extraditara.

Para el canciller, Carlos Holmes Trujillo, por tratarse de un “atentado terrorista” no hay protocolo que valga y los países garantes, empezando por Cuba, tienen la obligación de capturar a los negociadores de la guerrilla. En una misiva enviada a la Organización de Naciones Unidas, la Cancillería recuerda el deber que tienen todos los Estados de combatir el terrorismo. El mensaje es claro: si no hay extradición de los líderes de la guerrilla, se estaría colaborando con el terrorismo.

¿Esa es la manera en que el gobierno Duque va a tratar a países aliados que han sido fundamentales para las negociaciones? ¿Poniéndolos entre la espada y la pared? Si ellos prestaron su credibilidad para darles confianza a las dos partes de que se respetarían unas reglas previamente definidas, ¿cómo ahora les exigimos que incumplan y les sugerimos que, si no lo hacen, son facilitadores del terrorismo?

La preocupante estrategia del Gobierno no termina ahí. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, viene proponiendo una interpretación peligrosa sobre la vigencia de los protocolos con el Eln. Según el comisionado, una sentencia de la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre el plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, dejó claro que las políticas públicas de paz son de gobierno y no de Estado. “Por tanto, solamente obligan a la administración que esté en el poder de ese momento. Todos los protocolos que hayan sido firmados en el gobierno anterior que hacían parte de diálogos no obligan”, explicó.

¿En qué cabeza puede caber que el Eln negociaba con el expresidente Santos como persona y no como representante legítimo del Estado? Pero además, si el protocolo no tenía valor, ¿por qué el gobierno Duque mantuvo, aunque congelada, la mesa de diálogos? ¿La reconocían mientras convenía pero, ahora que se rompió, van a ignorar el hecho notable de que el Estado colombiano se había comprometido a unas reglas de juego? ¿Qué dice esto, además, del acuerdo con las Farc, de las promesas con los reincorporados?

No se trata de defender al Eln. Por supuesto que sus líderes deben ser enjuiciados y responder por el atroz atentado. Pero que ellos incumplan no significa que el Estado colombiano pueda utilizar argucias retóricas para amañar la realidad y faltar a su palabra. ¿Quién se va a sentar a negociar con un Estado que obra así? ¿Qué país va a ser garante de futuros procesos? ¿Qué otras reglas está el Gobierno dispuesto a saltarse?

El terror no es excusa para dejar de hacer lo correcto.

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2019-01-22T00:00:00-05:00

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El Espectador

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