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El tiempo corre en Venezuela

A un mes del inicio de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, las cuales ya suman cerca de 30 muertos, más de 350 heridos y algo más de 100 detenidos, el esperado diálogo político no aparece.

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El Espectador
15 de marzo de 2014 - 01:45 a. m.
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Los recientes pronunciamientos de la OEA y de Unasur no son suficientes para abrir la puerta a una pronta solución del conflicto. El país vecino continúa así en una espiral de violencia que parece no tener fin.

La semana pasada, la OEA se reunió al fin para tratar el caso de Venezuela, a solicitud de Panamá. Caracas había utilizado toda su artillería diplomática para evitar dicha reunión, al considerar a Unasur como el lugar idóneo del tema. En el Consejo Permanente de la organización hemisférica quedó en claro dónde están ahora las nuevas fuerzas dentro del ente regional. Como lo mencionara el diario El País de España, gracias a Petrocaribe, nuestro vecino “impuso el rodillo inapelable de los apoyos que ha concitado en los últimos años entre los países del Caribe y el bloque afín al Alba”. Así de sencillo y contundente. No sólo lograron que la reunión fuera privada, sin la incómoda presencia de los medios de comunicación, sino que sacaron adelante una declaración benevolente. La chequera viajera de Maduro demostró que la diplomacia de los petrodólares es muy eficaz cuando de defender los intereses del Socialismo del Siglo XXI se trata.

El segundo “round” fue de nuevo para Venezuela. Y de qué manera. Durante la reunión de cancilleres de Unasur, que tuvo lugar tras la posesión de la presidenta Michelle Bachelet en Chile, se aprobó una resolución que es un espaldarazo al gobierno de Nicolás Maduro, al expresar la “preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”. De esta manera se da credibilidad a la reiterada doctrina chavista de una “conspiración internacional”, promovida por Estados Unidos, para derrocar al gobierno democráticamente electo en el país vecino. Es decir, nada que ver con el sagrado derecho al pataleo, a la protesta pacífica, que tienen los ciudadanos ante la inseguridad, la inflación, las restricciones a la libertad de expresión, en especial contra los medios de comunicación, el desabastecimiento, la represión, la corrupción e ineficiencia gubernamentales y un largo etcétera.

De otro lado, la resolución también acordó el envío de una comisión de ministros de Relaciones Exteriores de Unasur, a solicitud de Venezuela. Se busca que la misma “acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela”. Insólito que quien fije las reglas e imponga condiciones sea el cuestionado gobierno, dejando cero margen de maniobra a la oposición democrática. Además, la primera reunión de cancilleres se convocó para inicios de abril, es decir, dentro de unas tres semanas. ¿Cuántos muertos más se irán a producir debido a la represión oficial, la de los grupos de civiles armados que apoyan al gobierno y se desplazan en motos disparando a diestra y siniestra, o de los radicales de la oposición que puedan estar interesados en pescar en río revuelto?

Con este panorama en la mano las cosas no pintan nada bien. De hecho, van de mal en peor. Pensar que lo que sucede se reduce a un plan externo destinado a derrocar a un gobierno legítimo es demasiado simplista. El necesario diálogo interno tiene que ser incluyente. Los estudiantes en la calle enarbolan una serie de válidos requerimientos que ameritan ser atendidos. Las fuerzas políticas opositoras deben tener cabida en una mesa de diálogo sobre bases del entendimiento mutuo y no de la imposición. Lo demás será un diálogo de sordos.

Por El Espectador

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